Dos hombres, de 54 y 65 años, fueron imputados por el delito de usurpación de propiedad por despojo en calidad de coautores tras ser sorprendidos en flagrancia tomando posesión ilegal de un pozo de agua en El Manantial. La Justicia dispuso medidas de menor intensidad por tres meses, incluyendo la prohibición de acercamiento al predio, fijar domicilio y presentarse semanalmente en la comisaría de la jurisdicción.
El caso está siendo investigado por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo la dirección de María del Carmen Reuter. La auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, quien llevó adelante la audiencia, argumentó que se trata de un hecho de gravedad institucional, ya que los acusados intentaron apropiarse de un bien perteneciente al Estado, impidiendo el normal funcionamiento del servicio de agua potable en la zona.
El incidente ocurrió el viernes 7 de marzo en el Pozo N°1, ubicado en Bernabé Aráoz al 300, en la localidad de El Manantial, departamento Lules. Según la denuncia de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), los acusados ingresaron al predio de forma violenta, forzaron los candados de acceso y colocaron nuevos, bloqueando el ingreso del personal de la empresa.
- Primera irrupción: Alrededor de las 10:30, los acusados rompieron dos candados y colocaron otros nuevos en el portón de ingreso, obstaculizando el trabajo del personal de SAT.
- Segunda irrupción: A las 14:30, los empleados lograron retirar los candados colocados por los usurpadores para restablecer el acceso al pozo. Sin embargo, 20 minutos después, los imputados regresaron acompañados de otras personas e irrumpieron nuevamente en el lugar de manera violenta, gritando que la SAT no tenía autorización para operar en el sitio y acusando a la Policía de ser cómplice de un supuesto accionar ilegal.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados argumentó que se trató de un “error” y pidió una recalificación del hecho, pero la fiscalía sostuvo la acusación de usurpación, enfatizando que nadie puede atribuirse derechos sobre bienes del Estado y tomar posesión de manera arbitraria.
“La gravedad institucional radica en que ninguna persona tiene el derecho de irrumpir en propiedades estatales y obstaculizar el acceso a servicios esenciales. Aquí no se trata de hacer justicia por mano propia, sino de respetar los mecanismos legales establecidos”, expresó Bellomio, representante del MPF.
El pedido de la fiscalía fue respaldado por los abogados patrocinantes de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), quienes remarcaron que la empresa está legalmente autorizada para operar el pozo desde noviembre de 2024, según lo establece una resolución del ERSEPT, que le otorgó la responsabilidad del suministro de agua en la localidad de El Manantial.
El juez interviniente resolvió dictar medidas de coerción de menor intensidad por tres meses, estableciendo que los imputados no podrán acercarse al pozo ni interferir en las operaciones de la SAT. Además, se fijó un plazo de seis meses para completar la investigación penal preparatoria.
Mientras tanto, la SAT retomó el control del predio y el servicio de agua potable continúa operando con normalidad. La causa sigue en curso, y no se descartan nuevas imputaciones en caso de que se identifiquen más personas involucradas en el hecho.
