Incertidumbre, malestar y especulaciones entre los jueces y fiscales tras los anuncios de Alberto Fernández por la reforma judicial

“Hay que ver la letra chica”, dijo un juez federal que interrumpió el asado del domingo cuando le llegó el mensaje por WhatsApp. “Y ¿al final con quién nos juntan?”, preguntó otro que también disfrutaba el fin de semana. Es que los detalles que se esperaban en el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la anunciada reforma judicial que viene preparando el Gobierno no aparecieron, más allá de las frases sobre el final de la manipulación de sorteo, la influencia de los sectores de inteligencia en las causas y la utilización política de la Justicia, con el nombramiento de jueces amigos.

A Comodoro Py le quedó claro hace rato que les quieren “licuar” el poder, pero lo que quieren saber es cómo y cuándo. Hasta ahora, solo ven la versión renovada del viejo proyecto que Gustavo Béliz intentó poner en marcha en los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner y quedó frenada con su salida del Ministerio de Justicia, foto del espía Antonio “Jaime” Stiuso mediante. “Antes eramos seis, después del 94 fuimos doce, ahora vamos a ser 50. ¿El problema está en el número o que nunca les gusta lo que resolvemos?. A los jueces los pone la política, así que pongan 280 jueces federales y listo”, dijo a Infobae un histórico habitante del edificio de Retiro.

El presidente habló de fusionar los jueces penales en la Capital para que investiguen delitos cometidos por funcionarios en la administración publica para que las causas dejen estar en manos de los doce integrantes de Comodoro Py y pase a “más de medio centenar de magistrados”. ¿Eso implica el fuero penal económico, que ya es federal, y el de instrucción que se dedica a delitos comunes?”, se preguntaban los habitantes del edificio de Retiro, sumando y restando magistrados para intentar develar el misterio.

Es que en solo en Capital Federal hay 12 juzgados de instrucción en Comodoro Py y otros 11 en el fuero Penal económico, mientas que hay 63 juzgados de instrucción para los delitos penales comunes y siete juzgados de menores. Una fuente del Gobierno dijo a Infobae que la letra chica de la reforma todavía sigue bajo análisis.

Las opciones siguen siendo cuatro: que la justicia ordinaria penal pase a la ciudad de Buenos Aires; que la justicia ordinaria penal se una a federal; que el fuero penal económico se una con Comodoro Py o ampliar la jurisdicción para que las justicias federales que funcionan en la provincia trabajen también en las denuncias que llegan al edificio de Retiro contra funcionarios de la administración publica. Todo es posible, pero cada chance plantea un escenario diferente. La definición está en manos de Alberto Fernández, con el aval de Cristina.

Lo que sí anunció el presidente fue la fusión de la justicia en lo contencioso administrativo con el fuero civil y comercial federal. “No tengo la menor idea”, dijo un juez del fuero en lo contencioso administrativo consultado por Infobae sobre la reforma. No hubo sorpresa ni interés en la novedad sobre esta fusión porque era lo que ya se estaba comentando en los pasillos de los edificios judiciales. Pero la cuestión no es menor: el fuero contencioso administrativo es el encarga de analizar las decisiones de Gobierno que se judicializan. Lo llaman el fuero de la gobernabilidad. El fuero civil y comercial también analiza cuestiones de la administración. De hecho allí es donde se analizó la Ley de Medios, una de los ejes de la última parte del Gobierno de Cristina Kirchner.

“Para hacer una reforma se necesita plata. Justo lo que el Gobierno no tiene”, razonó otro avezado juez ante este medio. “Una reforma sin dinero es un fracaso”, acotó otro. Esa reflexión no salió solo desde Comodoro Py. En provincia hay juzgados federales que se inundan o que tienen baños clausurados porque no hay plata para destaparlos. “Buscan hacer juicios por jurados y con qué plata se le va a pagar a esas personas. Está muy bien en la intención, pero complicado hacerlo en la práctica, sin siquiera consultarnos”, opinó un juez federal que trabaja en la provincia de Buenos Aires.

“Van a poner medio centenar de jueces federales en la Capital justo ahora que quieren avanzar con el sistema acusatorio en donde los protagonistas pasan a ser los fiscales. Es contradictorio”, se quejaba otro magistrado de Retiro. “El problema de Comodoro Py para el Gobierno tiene el nombre y apellido de algunos jueces. No sé qué van a mejorar pasando de 12 a 50 jueces. Tampoco explican qué va a pasar en los tribunales orales o con las causas que ya están en trámite”, opinó.

El tema del traspaso a la competencia de la Ciudad es una vieja discusión para los jueces nacionales. “Debemos completar el paso de los delitos penales no federales a la órbita local, como dijo la Corte”, dicen en el Gobierno. También es una cuestión polémica la unificación de fueros, por entender que la instrucción ordinaria no tiene competencia en materia federal.

Hubo algunos que esperaban anuncios lapidarios que sin embargo no aparecieron. “No estuvo tan mal”, deslizó uno de los funcionarios judiciales consultados por este medio que pensaba que se venía la hecatombe. Otro juez opinó: “me parece bárbaro lo de terminar con la influencia de la ex SIDE en el fuero federal y contencioso. No le veo sentido a aumentar los jueces federales si se pasa al sistema acusatorio, pero quizás la unificación está pensada para solucionar el tema de los jueces de instrucción que nunca quisieron convertirse en jueces de la Ciudad”.

De todas maneras, como muchas de las reformas dependen de las leyes que se presenten en el Congreso, los funcionarios judiciales no terminan de entrar en pánico. El proyecto sobre las reforma en el sistema de jubilaciones de los judiciales demostró que en la Cámara de Diputados al oficialismo no le sobra nada, máxime cuando era una iniciativa que podía contar con la simpatía social teniendo en cuenta lo que ganan jueces y fiscales comparados con el resto de los ciudadanos. Confían en el debate que pueda dar en la oposición, en donde están convencidos que lo que se busca, en realidad, es dar impunidad a las causas que se abrieron contra Cristina Kirchner.

Un detalle no pasó desapercibido: para escucharlo solo habían ido el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco. El juez Ricardo Lorenzetti había hecho saber que había regresado enfermo de un viaje y preventivamente no iría al Congreso. Tampoco estuvieron los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

Aunque desde el oficialismo se hable de impulsar una reforma en la Corte Suprema para subir el número de integrantes, las declaraciones públicas de Alberto Fernández desmienten esos rumores. Pero hoy el jefe de Estado puso la mira en una reforma que analice un consejo evaluador de reformas judiciales, integrado por los mejores académicos del derecho, que incluya un freno a los recursos extraordinarios que llegan al máximo tribunal y que demoran muchas causas.

Curiosamente, eso pondria fin a muchos recursos que la defensa de la propia Cristina Kirchner y otros ex funcionarios kirchneristas han llevado hasta el cuarto piso del Palacio de Tribunales en busca de revertir decisiones tomadas en Comodoro Py 2002. Sin ir más lejos, la defensa de Amado Boudou está pidiendo en la Corte Suprema que se revoque la condena dictada en su contra por la causa Ciccone, mientras que la ex presidente tiene una docena de planteos hechos allí por la causa de la obra publica por la que está en juicio, y el expediente Hotesur, en donde fueron procesados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Vale aclarar: cualquier reforma sobre los recursos que lleguen a la Corte no vale para los planteos que ya llegaron sino que serán de aplicación a futuro.

Lo que se oyó en el discurso inaugural de Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Kirchner sentada a su lado, puede resumirse en estos puntos:

-un decreto de necesidad y urgencia que modifique la ley de inteligencia para impedir que los organismos de inteligencia lleven adelante investigaciones como auxiliares de la Justicia.”No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, dijo el presidente. Allí se incluye desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios AMIA. Y se busca poner “fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno”.

-Terminar con “la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”

-Impulsar un “reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”

-Crear “un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para que “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”.

-Consolidar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local

-Impulsar “un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe”. Se crearía una nueva sala y una secretaría del narcotráfico en Santa Fe y un juzgado federal en San Lorenzo. “El problema del narcotráfico no es solo en Santa Fe”, rezongaban algunos jueces federales que trabajan fuera de la Capital Federal.

-La fusión de la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, con la justicia civil y comercial federal para “evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial”.

-Crear un Consejo para Afianzarla Administración de Justicia en la República Argentina, integrado por “las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial” que será “un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial” y cuyos proyectos serán enviados al Congreso para:

-Optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y repensar el alcance del recurso extraordinario,

– Mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura;

-Instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional;

-Modernizar el Código Penal de la Nación; y

-Fortalecer el rol del Ministerio Público.