Para Yanina, vivir en un país con inflación alta no es novedad: cuando hace diez años abrió un pequeño supermercado en un barrio de clase trabajadora del Gran Buenos Aires, la inflación anual superaba el 25%.
A pesar de que esa cifra fue creciendo con los años hasta duplicarse, la gente “se las arreglaba”, y aún lograba darse algún gusto, cuenta.
“De diez productos que compraban, cuatro eran básicos”, le dice a BBC Mundo.
Pero desde que el alza de precios se aceleró, duplicándose en un solo año de cerca del 50% anual al 95% en 2022, y superando ampliamente la barrera de los tres dígitos este año -en abril la cifra interanual trepó al 108,8%- los hábitos de sus clientes cambiaron.
Millones de argentinos ni siquiera están pudiendo cubrir sus necesidades básicas. Según los datos que dio a conocer a finales de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), 4 de cada 10 argentinos son pobres.
Y la situación es aún más dramática entre los niños: más de la mitad de los menores de 14 años (el 54,2%) vive por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale a casi 6 millones de chicos.
Los economistas anticipan que esa cifra seguirá aumentando este año como consecuencia del nuevo impulso que tomó la inflación en marzo y abril, cuando alcanzó 7,7% y 8,4% mensual, respectivamente, su punto más alto desde la crisis económica de 2001/2, la peor en la historia del país.
La aceleración de precios hizo que Argentina incluso lograra un desafortunado récord, al superar por primera vez en décadas a Venezuela en inflación mensual (aunque la cifra interanual venezolana sigue siendo casi cinco veces más alta que la argentina).
La inflación es un fenómeno que afecta desproporcionadamente a los que menos tienen, ya que los precios que más suben son los de los alimentos, que constituyen el mayor gasto para las familias trabajadoras.
Los sectores de ingresos más bajos están desprotegidos contra el alza de precios porque suelen tener empleos informales, que no están amparados por una herramienta que se viene usando en los últimos veinte años para resguardar a la población contra la inflación: las paritarias.
Se trata de acuerdos entre sindicatos, empresas y el gobierno para adecuar salarios a la subida de precios.
Pero quienes tienen trabajos no registrados (“en negro”) -según el Indec son el 35,5% de la fuerza laboral argentina- no tienen paritarias.
Según un trabajo del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), sobre la base de datos del Indec, 8 de cada 10 nuevos empleos que se generaron después de la pandemia de coronavirus fueron puestos asalariados no registrados o cuentapropistas no profesionales.
En 2022 ambos grupos representaron más del 50% de la fuerza laboral total (es decir, hoy son más que la cantidad de trabajadores registrados en relación de dependencia).
Formales pero pobres
Pero lo cierto es que ser un asalariado “en blanco” tampoco garantiza protección contra la inflación en Argentina.
Porque, aunque hay trabajo -la tasa de desocupación es baja, del 6,3% según el Indec- los sueldos están por el piso.
El salario mínimo en abril fue de 80.342 pesos al mes (unos US$170 de mercado).
Además de ser el salario más bajo de Sudamérica, después del venezolano, fue insuficiente para cubrir los gastos mínimos de una familia, ya que la canasta básica de abril (que contempla los insumos que necesitan dos adultos y dos niños) fue de 191.228 pesos, es decir más de dos salarios mínimos.
Y eso ni siquiera incluye los gastos de vivienda.
Cinthia, de 37 años, quien entró a la tienda de Yanina para comprar unas galletas para su ahijado, le cuenta a BBC Mundo que tiene un trabajo estable como administrativa en un hospital maternoinfantil.
No obstante, afirma que debió volver a vivir con sus padres porque no podía seguir pagando el alquiler, que aumentaba a la par de la inflación.
“No podía mantenerme con mi sueldo. Y a mis padres tampoco les alcanzaba con su jubilación”, dice.
Incluso viviendo todos juntos, ya no les alcanza para hacer el asado de los domingos, señala. Ahora lo comen una vez al mes.
Tampoco puede comprarle a su ahijado su golosina favorita cuando lo visita, porque “el precio se fue por las nubes”.
“Siempre tuvimos inflación en Argentina, pero antes los sueldos le ganaban”, afirma. “Ahora incluso con trabajo sos pobre”.
Según la consultora Labor Capital Growth (LCG), los trabajadores registrados perdieron cerca de un 20% de su poder adquisitivo en los últimos cinco años y los no registrados perdieron casi el doble.
En tanto, la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina, publicada a finales de 2022 por la Universidad Católica Argentina (UCA), mostró que casi un tercio de todos los trabajadores son pobres.
Nuevo billete
En medio de la escalada inflacionaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el lanzamiento de un nuevo billete de 2.000 pesos, que será el de mayor denominación.
Aunque el anuncio se hizo en febrero, aún no queda claro cuándo entrará en circulación (fuentes de la Casa de la Moneda dijeron a la prensa local que estaría disponible “a mitad de año”).
Para muchos argentinos, como Cinthia, el nuevo billete se queda corto.
“Hoy en día $2.000 es lo mínimo con lo que tenés que salir de tu casa para comprarte cualquier cosa. Con estos niveles de inflación deberían emitir billetes de $5.000 o $10.000”, afirma.
También señala que, con precios que aumentan tan vertiginosamente, es imposible tener una referencia de cuánto valen las cosas.
“No tengo idea cuánto voy a pagar por estas galletitas. Ayer estaban a un precio y capaz hoy estén a otro”, dice.
Un informe de la consultora Focus Market sobre el billete que actualmente es el de mayor denominación en Argentina (el de $1.000) reveló cuánto poder de compra ha perdido desde que entró en circulación en noviembre de 2017.
Según el trabajo, hoy vale casi 18 veces menos de lo que valía cuando se lanzó. Puesto de otra forma: lo que hoy se compra con un billete de $1.000 en 2017 se podía conseguir pagando solo $56,18.
