Es común que los gobiernos populistas siempre busquen un culpable para explicar las barbaridades que cometen. El aumento del IPC del 4,7% en febrero es un mal presagio porque todavía no hubo ajustes de las tarifas de los servicios públicos, ni del tipo de cambio que viene subiendo por debajo de la tasa de inflación desde hace un año. Lo peor está por venir porque el ajuste de esas variables parte de un piso de inflación que proyectada es una suba del 73% anual.
Como de costumbre la preocupación es por la suba del precio de los alimentos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo. Los datos muestran que la guerra no es una explicación. El aumento del precio de los alimentos y bebidas en Argentina y en nuestros vecinos deja en evidencia que el problema es nuestro. Era obvio que la fiesta de emisión monetaria de 2020 y 2021 iba a tener impacto inflacionario.
Hoy hay una caída en la demanda de moneda, la gente se saca de encima los pesos antes que suban los precios y eso no se revierte con controles de precios. ¿Qué ocurre cuando se establece un precio máximo? Por definición los precios máximos se ponen por debajo del nivel que está operando el mercado. Es decir, si el mercado está en equilibrio en $100, el precio máximo se establece en algún punto menor a los $100, por ejemplo, en 90 pesos.
En ese contexto de precios artificialmente bajo, aumenta la demanda porque el precio es barato y se contrae la demanda por que se contrae la oferta. Desaparecen los productores marginales, aquellos que tienen costos de producción más altos que sus competidores, se produce el famoso desabastecimiento o el consabido mercado negro. Ni los subsidios ni los controles de precios sirven para resolver un problema netamente monetario.
Porque no es que suben los precios, sino que se deprecia el peso. El peso pierde poder de compra aumento de la oferta de moneda más allá de lo que demanda el mercado, por caída en la demanda de moneda y por menor oferta de bienes y servicios dados los controles, regulaciones, carga impositiva y todo desestimulo para producir más. No es con regulaciones que van a frenar el proceso inflacionario.
Sino con una baja del gasto público para poder equilibrar las cuentas fiscales y de esa forma dejar de emitir. Pero, aunque el gobierno reducir la tasa de expansión monetaria en relación al año pasado, igual se viene el aumento de las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio que terminará impactando en el IPC y la caída del salario real. La salida para terminar con el hambre y la pobreza no pasa por más controles, regulaciones, susidios y planes sociales.
La solución pasa por atraer inversiones y aumentar la oferta de bienes y servicios porque hay condiciones institucionales para invertir y aumentar la productividad de la economía, crear más puestos de trabajo y mejorar los ingresos reales. Los próximos meses van a ser muy delicados en materia de inflación y eso va a generar nuevas caídas de los ingresos reales, con el agravante que no hay un plan económico que genere confianza y menos un gobierno que inspire confianza.
Lo peor está por venir en materia inflacionaria porque el gobierno insiste en el populismo en un momento en que ya no hay recursos para sostener el populismo que les hace ganar votos. Además, se generan expectativas de “guerra contra la inflación” y luego habla Fernández y anuncia nada. Algún concepto suelto y nada más: cero anuncios, solo otra promesa: los ministros trabajarán en próximas supuestas medidas. Este populismo les debería hacer perder más votos.
