Tras finalizar una intensa gira en Washington en la que tuvo su primer contacto con el FMI luego de haber iniciado el nuevo programa económico acordado con el organismo, el ministro de Economía Martín Guzmán volverá a concentrar su agenda en tres elementos del frente doméstico, que aparecen entre los más apremiantes en una lista de prioridades y urgencias siempre en movimiento: la inflación, las tarifas y el nuevo proyecto del impuesto a la renta inesperada.
Como en una agenda circular, los tres temas ocuparán la hoja de ruta del jefe del Palacio de Hacienda hasta que, en dos semanas, el Fondo Monetario Internacional vuelva a adquirir centralidad. En ese momento, el organismo comenzará de manera oficial la primera revisión trimestral de metas del nuevo acuerdo que cobró vigencia a fines de marzo.
Esa misión del FMI revisará el resultado fiscal, el de acumulación de reservas y de emisión monetaria, objetivos que fueron cumplidos según anticipó el Poder Ejecutivo y que le darían así el derecho a contar con un nuevo desembolso superior a los USD 4.100 millones para afrontar los pagos de vencimientos de deuda con el propio organismo.
Martín Guzmán volverá a concentrar su agenda en tres elementos del frente doméstico, que aparecen como algunos de los más apremiantes en una lista de prioridades y urgencias siempre en movimiento: la inflación, las tarifas y el nuevo proyecto del impuesto a la renta inesperada.
Hasta entonces, la actividad del ministro de Economía, luego del último gesto de respaldo del presidente Alberto Fernández tras los incesantes trascendidos sobre su salida del gabinete, estará concentrada en el frente local. En primer lugar, la inflación. En el equipo económico consideran que la complejidad del asunto en el marco de una inercia local marcada y de un escenario global desfavorable, obliga a un “estudio a fondo” sobre cómo salir de la premura.
Hay, en ese sentido, dos lecturas que sobrevuelan el diagnóstico oficial. Una de acción urgente y otra sobre un cronograma de mediano plazo. En el primer grupo se lista, por ejemplo, una medida como el bono extraordinario que pagará el Gobierno a trabajadores informales, monotributistas, empleadas de casas particulares y jubilados. Persigue, como meta, evitar un desplome del poder adquisitivo del salario por la aceleración inflacionaria de los últimos meses.
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El llamado consensuado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para apurar negociaciones paritarias de sectores clave del mercado laboral también se ajusta a esa celeridad de medidas que necesita la Casa Rosada para atravesar el vendaval de precios. Luego hay otras medidas laterales que se enmarcan en la Secretaría de Comercio Interior, como los acuerdos con empresarios, el fideicomiso del trigo para retrotraer valores de alimentos, entre otras.
En el plano de la visión mediano y largoplacista, aparece como elemento decisivo el acuerdo con el Fondo Monetario. En los Estados Unidos, tanto Guzmán como su viceministro y especialista en procesos de desinflación Fernando Morra defendieron el camino de corrección de desajustes macroeconómicos como plan para desacelerar de manera sostenible la inflación. Esto es: recorte del déficit fiscal y de la emisión monetaria y acumulación de reservas.
En los próximos días habrá, también, un evento que será determinante para el futuro de otro compromiso asumido por el Gobierno ante el FMI: la reducción de subsidios. La energía es un tema que Guzmán puso en las primeras páginas de su anotador, y tras terminar la negociación técnica con el Fondo Monetario, encaró una agenda energética que incluyó conversaciones bilaterales con Brasil y Bolivia para buscar un suministro mayor de gas para los meses de mayor demanda.
A mediados de mayo el FMI revisará el resultado fiscal, el de acumulación de reservas y de emisión monetaria, objetivos que fueron cumplidos según anticipó el Poder Ejecutivo y que le darían así el derecho a contar con un nuevo desembolso superior a los USD 4.100 millones.
En los primeros días de mayo también tendrán lugar las audiencias públicas que son el paso obligatorio para poner en marcha aumentos de tarifas, una acción que forma parte de la columna vertebral del programa económico con el Fondo pero que presenta resistencia hacia dentro del gabinete de la Secretaría de Energía, comandada por Darío Martínez y que tiene, en segundas y terceras líneas, a funcionarios con terminal política en la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y Federico Bernal son dos de ellos. Tienen posturas muy distintas a las del ministro al que deberían responder y, en el caso de Basualdo, manifestó recientemente críticas al plan de incremento de tarifas que propone Guzmán.
El sábado, por caso, se cumplirá un año del intento frustrado del ministro de Economía de despedir a Basualdo de su puesto, algo que desde Economía se atribuyó a “inoperancia” por la demora en el diseño de un esquema de segmentación de tarifas, algo que terminó por salir forzosamente en el acuerdo con el FMI. Un año después, el funcionario todavía tiene vía libre para cuestionar de manera abierta las decisiones de su superior.
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La agenda de Guzmán además tendrá en los próximos días varios puntos de contacto con empresarios de distintos sectores, en medio de la discusión que el propio ministro abrió la semana pasada al hacer oficial que el Gobierno buscará poner en marcha un impuesto por única vez para gravar la renta inesperada de un grupo de empresas que se hayan beneficiado del salto de precios internacional por la guerra en Ucrania.
Este lunes, el jefe del Palacio de Hacienda participó del encuentro en la Casa de Gobierno que encabezó el presidente Alberto Fernández con los principales directivos de la Unión Industrial. La entidad fabril fue una de las primeras cámaras que salió a manifestar públicamente su rechazo a la idea de un nuevo tributo para las ganancias extraordinarias. Horas después de su pronunciamiento, la Casa Rosada los convocó con agenda abierta, aunque ese y otros reclamos de los industriales estarán en la mesa de conversaciones.
La agenda de Guzmán además tendrá en los próximos días varios puntos de contacto con empresarios de distintos sectores, en medio de la discusión que el propio ministro abrió la semana pasada al hacer oficial que el Gobierno buscará poner en marcha un impuesto por única vez para gravar la renta inesperada.
Más tarde en la semana, Guzmán visitará Vaca Muerta para participar de un encuentro con empresarios del sector energético en el marco de una actividad política en la Patagonia. El ministro suele repetir en distintos foros que buscará flexibilizar los controles cambiarios para ofrecer condiciones de inversión más favorables para compañías extranjeras que busquen hundir capital en esa formación de hidrocarburos.
La semana que viene, posiblemente el jueves, Guzmán tendrá otra escala en su agenda de contactos con el sector privado cuando participe de un almuerzo con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), un foro empresario al que el ministro de Economía ya acudió a mediados de junio pasado, en una reunión al aire libre en los jardines del hotel Four Seasons -por las restricciones que imponía en ese entonces el Covid- y que estuvo enmarcada en un frío que obligó a varios ejecutivos presentes a abrigarse con frazadas para afrontar los menos de 10° que enfriaron la velada.
Daniel Funes de Rioja, también mandamás de la UIA y de Copal, es el presidente de esa institución, que cuenta también como autoridades a Miguel Acevedo, Nicolás Pino (Sociedad Rural), Eduardo Eurnekian, Julio Crivelli, Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Martín Cabrales, Bettina Bulgheroni y Jorge Brito (Banco Macro), entre otros. La jornada será, en principio, menos gélido que la del año pasado, ya que será en los salones del hotel Alvear Palace con un almuerzo y un discurso del ministro, en una dinámica que el Cicyp repitió en distintas ocasiones con funcionarios del Gobierno y figuras de la oposición.
