En la semana que pasó para jamás volver, se conoció a un nuevo personaje comunal incurriendo en cuanta fechoría puede llevar a cabo o, mejor dicho, en la que el mismísimo Tribunal de Cuentas le permite seguir desarrollando en un marco de impunidad tan grande que bien podríamos estar hablando del caso de corrupción más grande en la historia de Tucumán, al menos, en lo que hace a las comunas rurales.
Se trata de Miguel Antonio Díaz, perteneciente a la Comuna Rural La Esperanza. En ese marco, cabe señalar que, tal y como señala el dicho, la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Esto se debe a que el principal responsable de esta tragedia en materia de recaudación es el Tribunal de Cuentas por ser el organismo que actúa, pero que (vaya paradoja) no actúa a la vez.
Porque lo cierto es que los cientos de millones donde son responsables los delegados, esos dineros al no ser reclamados judicialmente en los juzgados de cobros y apremios, no regresan a las arcas del Estado. De lo que estamos hablando aquí es de lisa y llanamente “impunidad”, de corrupción, de tal forma que, en el caso de la comuna La Esperanza, es apenas una pequeña muestra.
En una serie de varios acuerdos, se deja expuesto a su responsable debido a que, por ejemplo, el Expediente Nº 1159-270-RCCR-24, en el que obra la Resolución Nº 181/RCCR-24 de fecha 28 de Mayo de 2024 (fs. 9) da cuenta acerca del Comprobante de Observación Nº 1489 por $62.747.485,39 correspondiente al 3º Bimestre de 2023. Pero esto es apenas la punta de un iceberg que se derrite en el mar de la putrefacción.
Y es que, además, cabe consignar que el Expediente N° 1204-270-RCCR-23, en el que por Acuerdo N° 4466 de fecha 09 de Octubre de 2023 (fs. 14/15), da cuenta acerca del Comprobante de Observación Nº 878 correspondiente al 2º Bimestre del año 2021 por la suma de $26.941,73. El Expediente N° 1385-270-RCCR-2022 y agregado, en el que por Acuerdo N° 4081 de fecha 20 de Septiembre de 2023 (fs. 37/38) da cuenta sobre la falta de regularización de los fondos correspondientes al 2do Bimestre de 2021 sin especificar una determinada cifra.
El Expediente n° 863-270-RCCR-2023, en el que por Acuerdo n° 3870/TC-2023 (fs. 15/16) se señala el Cargo Fiscal que asciende a la suma de $3.667.200,65. El Expediente Nº 1160-270-RCCR-24, en el que obra la Resolución Nº 182/RCCR-24 de fecha 28 de Mayo de 2024 (fs. 09), da cuenta acerca del Comprobante de Observación Nº 1491, Bimestre 4°/2022, que asciende a la suma total de $1.818.061,28.
El expediente Nº 214-270-RCCR-22 y agregados, en el cual obra Acuerdo Nº 2340-TC-22 (fs.18/19) de fecha 27 de mayo de 2022 señala el Cargo Fiscal a dichos agentes en la suma de $243.000,85. Por último, el Expediente N° 1708-270-RCCR-22 y agregados en el que por Acuerdo N° 1447 de fecha 25 de abril de 2024 (fs.35/36) expone la falta de regularización de los fondos pendientes de rendir, correspondientes al 2º Bimestre de 2021 por una cifra no especificada.
Es decir que hablamos de una deuda por más de 68 millones de pesos de esta comuna de los que nada se sabe, algo a todas luces insólito. Ahora bien, cabe señalar que una canallada de este calibre es sólo posible a causa del mismísimo Tribunal de Cuentas. En ese sentido, cabe mencionar que esto se debe al hecho de que este organismo de contralor ni siquiera realizó las denuncias pertinentes.
Nuestro director nos cuenta sobre la investigación llevada a cabo en exclusiva por nuestro medio
Tanto en el Juzgado de Apremios, tal y como lo establece la Ley de Administración Financiera, como tampoco en lo que respecta a la propia justicia penal. En este sentido, cabe preguntarse también sobre el papel que (no) juega la Legislatura provincial, donde hay 49 representantes del pueblo y ninguno avanza con este tema tan grave que venimos destapando desde Tucumán Despierta y también otro medio con respecto a la inacción del Tribunal de Cuentas.
Pero insistimos, todos estos millones de pesos “sin aparecer” sólo fueron posibles a causa de que, en el Tribunal de Cuentas, un organismo que supuestamente existe para cumplir con el deber de cuidar los dineros públicos, resulta que lo que en realidad estaría “cuidando” es nada más ni nada menos que a todos los delegados comunales que desaparecen cientos de miles de millones de pesos. Claramente, no fue magia.
Y si de preguntas hablamos, cabe interrogarse acerca de ¿A quién estarían protegiendo los legisladores de la provincia? ¿A quién estaría protegiendo el presidente de la cámara legislativa? Recordemos que ellos tienen la facultad de realizar el juicio político y expulsar a estos funcionarios que brindan impunidad a los delegados comunales de la provincia, pero no lo hacen. Entonces, ¿Cuál es la verdadera cabeza atrás de tanta protección?
Acaso a quien más encubran sea la cabeza de la serpiente, es decir, Miguel Chaibén Terraf. En ese sentido, cabe señalar que se trata del mismo modus operandi del TC en todas las comunas de la provincia. Es decir, empiezan las actuaciones administrativas, se le realiza un sumario, no se presentan a defenderse y se los declara en rebeldía, juicio de cuenta y al final lo declaran patrimonialmente responsables, en otros casos lo duermen y quedan en juicios de cuentas eternos.
Pero en ningún caso estos delegados son denunciados tanto en la justicia penal como tampoco en los juzgados de cobros y apremios para recuperar los dineros, es decir, todo queda en la nada. Lo cierto es que, insistimos, tucumandespierta.com es el único medio de la provincia que en forma exclusiva comenzó a mostrar a los tucumanos lo que serían una serie de graves hechos de corrupción en las comunas del interior de la provincia.
Las cuales, además, contarían con el aval del organismo de contralor del Estado. Un Tribunal de Cuentas que nos cuesta a todos los tucumanos $5.500.000.000 (pesos cinco mil quinientos millones) por año, en épocas de bolsillos flacos deben sostener a funcionarios que no funcionan y que están encabezados por su máximo responsable, el contador Miguel Chaibén Terraf, con la paradoja y hasta ironía de que no hacen nada.
Al menos, nada por reclamar en la justicia, relacionado al resarcimiento de deudas millonarias que le deben al Estado estos funcionarios públicos, tras el paso de estos inescrupulosos personajes por las comunas del interior. ¿Para qué tanto dinero invertido si hay cientos y miles de millones de pesos que se priva de percibir la provincia por el mal desempeño del presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán?
¿Para qué si no hacen su trabajo y ni se preocupan por realizar los cobros correspondientes de las 93 comunas en materia de dinero que ni aparecen ni están justificados tal como te venimos mostrando desde nuestro medio en forma exclusiva durante las últimas semanas?
En definitiva, la única verdad es la realidad y lo cierto es que los desfalcos al erario público del Estado tucumano no se detienen.
¿Detendrá su maquinaria de impunidad Miguel Chaibén Terraf? ¿Lo hará la Justicia de una buena vez por todas? ¿Habrá que esperar la hipotética quiebra del Estado tucumano a causa de quedarse sin los dineros públicos que comuneros rurales inescrupulosos le deben? ¿O antes quebrará la impunidad que ejerce el Tribunal de Cuentas con sus secuaces de sueldos millonarios?
Realmente, es como si el órgano que debe controlar el erario, que les cuesta, insistimos nuevamente, a la totalidad de los tucumanos la millonaria cifra de $5.500 millones este 2024, está en realidad para vender “humo”, lo cual significa que Miguel Chaibén Terraf, en calidad de presidente del Tribunal de Cuentas está en realidad a cargo de un organismo que estaría protegiendo graves hechos de corrupción de la política de la provincia…
¿Será justicia de una buena vez y para siempre en Tucumán?
