Luego de que se contara que el gobierno provincial pide a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que aparte a sus directores, Rodolfo Burgos y Leandro Díaz, involucrados en denuncias por graves delitos. A través de una presentación al rector Sergio Pagani, la directora del canal en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, solicitó “tome en consideración el otorgamiento de licencia u otra medida que considere oportuna” a fin de apartar temporalmente a Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, “por las graves causales” por las que se los acusa.
Ahora la representante de la Provincia en el directorio de Canal 10 brindó una entrevista dando detalles sobre las irregularidades que rodean al manejo del canal de todos los tucumanos y las tucumanas. En primer lugar, Lausberg se refirió a la asamblea del 13 de marzo, presidida por el secretario General de la UNT, José Hugo Saab, en la que Díaz fue nombrado presidente. Esa asamblea está siendo investigada por la Justicia Federal, ya que hubo importantes irregularidades.
“No participé como representante de la Provincia, son dos las actas donde el Dr. Burgos y el Ing. Díaz se traspasan la presidencia de manera ilegítima, porque el estatuto de la empresa claramente establece que en ausencia del presidente asume el vicepresidente”, explicó la funcionaria. “Es lo que pasó en la provincia con la ausencia de (Juan) Manzur, cuando se fue asumió (Osvaldo) Jaldo, lo dice la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el estatuto de Canal 10”, agregó.
En este sentido, señaló que “los motivos por los que realizaron este acto ilegítimo los desconozco, han violado el estatuto para que yo no asuma interinamente, pero tuve que reclamar y pedir la nulidad de ese acto administrativo que ahora está en el Juzgado Federal II”. Lausberg afirmó que “ninguno de los dos estaba (en la asamblea) pero sus firmas figuran en las actas” e incluso puso en duda que se encontraran en la provincia: “He pedido que se chequee en Migraciones si las personas que firmaron el acta se encontraban o no en Tucumán. Eso sería una irregularidad más”.
Contó, además, que elevó “una nota al rectorado para que el accionista mayoritario tome una decisión, porque la situación es insostenible, tenemos 107 empleados que necesitan trabajar y continuar su día a día en paz”. Con respecto a esto, manifestó que “nosotros hacemos un servicio social que es la comunicación, no podemos parar ese servicio”.
Asimismo, declaró que “tampoco quiero ser identificada con este directorio” porque “no es positivo un directorio integrado por personas procesadas, les he pedido que renuncien o pidan licencia, su situación procesal obstaculiza la dirección de una empresa”. Consideró que “el funcionario público debe tener un perfil moral, que estas personas, con las graves acusaciones en su contra, no lo tienen”.
Y lamentó: “Es una situación poco feliz, que pone en peligro a la empresa, que aparte no es una empresa privada. Supongo que se va a constituir una asamblea extraordinaria para determinar quién sigue en el directorio”. “Como es público y notorio, ambos directores de la principal emisora de televisión abierta de la Provincia designados por la UNT se encuentran procesados, tanto por la justicia Federal (tal el caso del designado presidente del directorio, Ing. Leandro Díaz a quien se le endilgan la comisión de delitos contra la administración pública), como por la justicia provincial (tal el caso del director vocal Rodolfo Tercero Burgos por el delito de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad)”, explicó la funcionaria.
Sobre su pedido concreto ante la situación, detalló que reclama “que se tomen una licencia hasta que la Justicia avance y determine, mediante la aportación de pruebas, mediante el proceso establecido por la Constitución, la culpabilidad o no de estas personas; pero ahora están comprometidos con procesos ante la Justicia Federal y la Justicia provincial; ninguna persona coherente podría dirigir ninguna empresa cuando están pasando por un proceso por acusaciones gravísimas como las que pesan sobre ellos”.
