Si existe un área testigo del fracaso del gobierno de Tucumán, sin dudas, es la de la seguridad. Ni siquiera la supuesta restricción de circulación de personas hizo que los indicadores de inseguridad mermaran. Por el contrario, en el primer semestre del año se produjeron situaciones que marcaron con sangre a una provincia en la que Manzur y compañía solo atinan a respaldar a cuestionados funcionarios, como es el caso de Claudio Maley.
El ministro de Seguridad es la cara visible de una gestión incompetente que ha sido noticia por su falta de ineficiencia. Para muestra, basta un botón, cuando todavía no llegamos a cumplir la primera mitad del año, en Tucumán se registró ya la misma cantidad de femicidios que en todo el año 2019, es decir, 12 asesinatos de mujeres. En este marco, la cuarentena ha potenciado este lamentable fenómeno que no distingue condición social alguna.
A diario nos enteramos de noticias acerca de personas seriamente golpeadas, cuando no asesinadas por parte de malvivientes, quienes se desplazan en motocicletas en un modus operandi al cual la Policía no le encuentra la vuelta. Es por ello que la Legislatura tucumana aprobó una ley antimotochorro que termina siendo más una dificultad para el trabajador que utiliza este medio de transporte, que para los ladrones mismos.
Efectivos de la Policía son asesinados por criminales que muchas veces tienen balas más letales que los propios uniformados. Existen barrios, como los del sur de la capital, que se encuentran bajo el control de bandas de menores de edad que ahuyentan rondines y queman garitas de vigilancia. El equipo de seguridad que encabeza Claudio Maley ya ni siquiera puede impedir que las mecheras pululen por las cuatro avenidas y hagan de las suyas.
O directamente se les escapan de las manos una vez detenidos, como ocurrió hace un par de semanas en el Barrio Oeste 2. ¿Inoperancia o complicidad con la delincuencia? Es lo que se pregunta el ciudadano de a pie. Quien muchas veces termina haciendo “justicia” por mano propia, ese también es un signo de la inseguridad que se vive en Tucumán, cuando el Poder Judicial no es más que un reservorio de burocracia.
La periferia de la capital arde con los kilos de droga que circulan y que convirtió a muchos jóvenes en zombies en busca de su dosis diaria. Cuando no en soldaditos al servicio de los señores de la muerte que son los narcos, quienes se amparan en la impunidad que significa contar con la complicidad de policías y jueces corruptos. La maquinaria de la inseguridad está aceitada para seguir funcionando ante la indiferencia del poder político. El mismo, que guardó un silencio atroz cuando policías secuestraron, asesinaron e intentaron desaparecer los restos de Luis Espinoza, un peón rural cuya vida le fue arrancada en un episodio que recuerda a la época más oscura que vivió el país, como fue la dictadura de 1976. Todo, ante el silencio cómplice de la dirigencia política, así como también por parte de aquellos que enarbolan la defensa de los derechos humanos.
