El Gobierno quiere que el gasoducto Néstor Kirchner, la obra de infraestructura que se adjudicó hace diez días para transportar la producción de Vaca Muerta, se convierta en un hito indeleble de la gestión. Si se llega a inaugurar el próximo invierno -una meta por demás ambiciosa- podría revertir el vaciamiento de reservas provocado por la importación de gas natural. Por eso, en las últimas semanas distintos funcionarios pisaron el acelerador para mover expedientes y agilizar el proceso. Deben recuperar el tiempo, tras meses de burocracia y rencillas internas.
En la primera parte del año, las feroces disputas entre el kirchnerismo y el exministro de Economía Martín Guzmán provocaron situaciones llamativas: hubo cuatro meses en los que $42.000 millones destinados al gasoducto estuvieron en disputa y congelados en la Tesorería General de la Nación. Así lo pudo reconstruir LA NACION en base a distintas fuentes y registros que explican los tironeos internos y, en consecuencia, la incertidumbre que se instaló en el sector en torno al proyecto.
La obra del gasoducto Nestor Kirchner está en manos de Ieasa, una sociedad del Estado comandada por Agustín Gerez, que reporta a Cristina Kirchner. El proyecto se financiará con unos $60.000 millones del llamado “impuesto a las grandes fortunas”, además de $59.000 millones previstos en partidas de este año y otros $40.000 millones que figurarían en el Presupuesto 2023.
La afectación de los fondos correspondiente al impuesto a las grandes fortunas primero generó un debate jurídico al interior del Gobierno. Pero una vez que esa discusión estuvo saldada –y el dinero estuvo recaudado y disponible para ser ejecutado– los fondos quedaron varados en una cuenta del Tesoro. Ieasa, que todavía debía licitar la obra, los reclamaba insistentemente. Los fondos recién se destrabaron a fines de abril.
Disputas jurídicas y financieras
La recaudación del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas había alcanzado para fines de noviembre de 2021 unos $237.000 millones. Por ley, un 25% de esos fondos (aproximadamente $60.000 millones) se acreditaron automáticamente en una cuenta de la Secretaría de Energía con el objetivo de financiar “programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural” de Ieasa. La ley era ambigua en cuanto a la afectación del recurso y en el Gobierno se debatieron si se podía financiar puntualmente un gasoducto, ya que la norma no mencionaba el “transporte”. En el asunto intervino, incluso, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El texto fue subsanado recién en diciembre.
Otro trámite administrativo estuvo vinculado al DNU que designó a Ieasa como concesionario del gasoducto con la facultad de comandar la obra y financiarla a través del fideicomiso Fondesgas. En La Cámpora repiten insistentemente que Fernández “trabó durante seis meses” ese DNU aunque, según los registros, el trámite estuvo en la secretaría Legal y Técnica de la Casa Rosada solo 20 días. Se publicó el 11 de febrero.
Pero en paralelo a la cuestión administrativa se dio la disputa por el dinero. La recaudación del impuesto a las grandes fortunas primero goteó en una cuenta especial de la Secretaría de Energía. Cuando esa dependencia quiso girar el dinero a Ieasa, por la magnitud del monto, la transferencia pasó primero por las arcas de la Tesorería General de la Nación, supervisada por el Palacio de Hacienda. Al principio, el dinero fluyó sin pausa. LA NACION pudo constatar que Ieasa recibió un primer giro de $4000 millones el 22 octubre de 2021 y otro de $14.000 millones el 26 de octubre.
A pesar de que el gasoducto no había sido licitado, Gerez reinvirtió esos primeros fondos en títulos públicos de un fondo de inversión que administra el Banco Nación, el FCI Carlos Pellegrini, para que el dinero no se desvalorizara con la inflación.
Para fines del año pasado, restaban ser remitidos $42.190 millones ya recaudados del impuesto a las grandes fortunas. Pero se entró en un impasse. El 21 de diciembre, la Secretaría de Energía emitió dos órdenes de pago a la Tesorería General de la Nación para transferirle esos fondos a Ieasa. Pero la operación no se perfeccionó.
La tensión entre el kirchnerismo y el exministro de Economía -por entonces defendido a capa y espada por Alberto Fernández- se hizo evidente en una serie de memos internos. El 15 de febrero, la Secretaría de Energía le envió una nota al exministro para que el dinero fuera transferido “a la mayor brevedad posible”. El 3, el 15 y el 31 de marzo Gerez remitió otras tres notas reclamando los fondos con vehemencia. Aún cuando la obra no se había licitado, reprochaba por la imposibilidad de reinvertir el dinero. “Al no contar la Ieasa con las sumas mencionadas, las mismas no pudieron ser invertidas, produciendo dicha dilación una desvalorización notoria del capital”, escribió. El 21 de abril, finalmente se concretaron los giros a Ieasa por $42.190.000.000.
En el Palacio de Hacienda temían por el impacto que podían tener en los mercados los movimientos financieros de Ieasa, siendo que aún no había pagos que hacer por el gasoducto. Ieasa adjudicó la licitación para la provisión de caños a principios de mayo y un mes después transfirió las cuotapartes del FCI Carlos Pellegrini al Fondesgas. Los contratos por la obra civil se firmaron diez días atrás.
Ahora el Gobierno se decidió a acelerar el proyecto. Sergio Massa ya transmitió que, a pesar de su política de ajuste fiscal, el gasoducto es “prioridad total”. La ambición del oficialismo es tal que ahora apareció en los planos una planta compresora en Tratayen para adicionar 5 millones de metros cúbicos al caño. En el Gobierno aseguran que llegarán con el corte de cinta para junio. El cronograma, según fuentes del sector, es muy ajustado. Dependerá -además de la capacidad de las empresas- de que las internas no vuelvan a empantanar el proceso.
