La Justicia argentina en general y la tucumana en particular atraviesan su momento de mayor descrédito desde la vuelta de la democracia en 1983. En ese marco, el abogado Gustavo Morales le envió una carta documento al Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez, para intimarlo a tomar cartas en un asunto sumamente delicado en el marco de un femicidio que conmovió en su momento a la provincia entera.
Y es que el abogado le demandó iniciar un sumario administrativo al fiscal Pedro León Gallo (h) y al secretario Rafael López Guzmán. Esto se debe a que ambos funcionarios judiciales estuvieron de turno en la Unidad de Decisión Temprana el 29 de marzo del año pasado al momento en el que debieron recepcionar una denuncia policial realizada por Alejandra Sarmiento por el delito de “amenazas” en un contexto de violencia de género.
Dicha denuncia señalaba como su agresor a quien fuera su concubino Luis Edmundo Martínez. El caso es que, tanto el representante del Ministerio Público como el funcionario antes mencionado, según denuncia Morales habrían incurrido en “omisiones malisiosas”. Esta acusación se debe al hecho de que ambos no actuaron de forma inmediata, sino que, por el contrario, remitieron las actuaciones recién el día 1 de abril del año pasado a la “Unidad Fiscal de Violencia de Género y Violencia Doméstica”.
Cabe destacar que el mismo se encontraba a cargo del fiscal Ignacio López Bustos y la gravedad de este hecho yace en que ya habían transcurrido dos horas desde que Martínez asesinara a Sarmiento en el marco de un nuevo femicidio en un asentamiento de Tucumán, el cual tuvo lugar bajo el mal funcionamiento de la Justicia. Al respecto, se puede asegurar que se trató de un crimen que impresionó a toda una sociedad.
Y es que se trató de una joven de 22 años que fue asesinada a puñaladas en la puerta de su casa en la ciudad de Tucumán por el padre de sus hijas menores, quien luego fue detenido por el femicidio. Edmundo Martínez de 55 años, padre de las hijas menores de Sarmiento, fue a la mañana a la casa de su ex mujer, en el asentamiento Sánchez de Villa Mariano Moreno, en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán.
Y cuando ella salió para hacer compras comenzó a atacarla con un cuchillo en distintas partes del cuerpo. Mientras el hombre atacaba a su ex mujer, la hermana de la víctima pretendió intervenir para evitar que la matara pero fue herida también con algunos cortes en las manos y en los brazos.
Sarmiento cayó malherida en la vereda y murió antes de que pudiera ser atendida por los médicos que fueron llamados por los vecinos del barrio.
Se entiende entonces por qué el Dr. Morales apunta a Edmundo Jiménez diciendo que se trata de mantener una actitud indolente y desaprensiva, por lo que efectúa reserva de iniciar las acciones legales que correspondan por una nueva transgresión artículo 94 incisos 4 y 6 de la “Ley Orgánica del Poder Judicial” a causa de que este tipo de actitudes responden a una lógica “de violencia institucional”.
Para colmo, el rostro visible en el Ministerio Público Fiscal es el violento Carlos Guido Cattáneo, expresa Morales. La gravedad del asunto radica en el hecho de que este funcionario judicial lo designó el mismísimo Edmundo Jiménez. Esto se dio, a pesar de que éste último tenía pleno conocimiento de diversos procesos penales por amenazas y lesiones a parejas. Como si esto fuera poco, cabe mencionar que esta realidad continúa.
Y es que Edmundo Jiménez lo mantendría actualmente a pesar de una nueva causa por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego en perjuicio de otra mujer con la que tiene un hijo en común. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Responderá satisfactoriamente la carta documento presentada oportunamente por parte del abogado Gustavo Morales su destinatario, es decir, el más que cuestionado Ministro Fiscal Edmundo Jiménez?
