Eduardo Belliboni no fue llamado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello solo por ser el responsable político del Polo Obrero, sino que hay documentos que muestran que el dirigente era uno de los firmantes y responsables de la rendición de cuentas supuestamente fraudulenta del Plan Potenciar Trabajo que investiga la Justicia. Se pudo acceder a documentos que muestran que el líder de la organización social puso su firma en facturas enviadas al entonces Ministerio de Desarrollo Social para justificar los gastos de la Asociación Civil Polo Obrero como intermediara de los planes sociales. Lo que lo comprometería es que esa factura fue hecha por una empresa fantasma.
El documento consiste en una factura B emitida por Coxtex SA, una sociedad que, a los meses de su constitución, ya ingresó en el sistema de alerta de la AFIP por emisión de facturas apócrifas. Se trata de una copia que fue presentada por la asociación, y está firmada por Belliboni, como presidente, y Mariano Centanni, como tesorero. Estos documentos se rendían a Desarrollo Social para justificar los gastos que realizaban por los subsidios que recibían como unidades de gestión, para intermediar los planes Potenciar Trabajo y, supuestamente, brindar herramientas de trabajo. El Polo Obrero y sus asociaciones percibieron un total de $360 millones en transferencias, según la información que recopiló hasta el momento la Justicia.
En comunicación con Belliboni, explicó: “A mí nunca me dijeron desde el Ministerio que era trucha. Nosotros hacíamos la rendición en la secretaría de [Emilio] Pérsico. Después le enviaban al resto, a un circuito que no manejaba él, que era un área de legales. No sabíamos. Sí supimos de otra empresa, Varela Construcciones, que nos informaron que nos había dado una factura falsa, y la denunciamos nosotros”. Frente a la consulta de cómo llegaron a esa empresa, añadió: “No me acuerdo si alguien me la acercó, los compañeros que trabajan en el depósito buscan precios. No sé con quien tratábamos de ahí”.
Fuentes de la Justicia dan por confirmado que se trata de una empresa de cartón y una usina de facturas truchas. En principio, son dos las facturas que habrían hecho a las organizaciones vinculadas al Polo Obrero. La que firmó Belliboni tiene un monto total de $3.644.418, fue hecha el 14 de octubre de 2021 e incluye los siguientes productos: 12 notebooks Lenovo Ideada S 340 gris 15.6″ Intelcore 15; 11 softwares Pro Tools Perpetual (descriptos en páginas que lo venden como sistemas de producción de audio para artistas, productores musicales y profesionales del sonido para elaborar la música, películas y programas de televisión), y cuatro parlantes inalámbricos Como 700 Sony.
La otra factura, tipo A, tiene un monto de $1.815.000, fue hecha el mismo día por seis de las mismas notebooks y cinco softwares de producción audiovisual. En este caso, la presunta compra se realizó desde la cooperativa El Resplandor. Para el momento en el que fue hecha la factura, la empresa había cumplido cerca de una año desde el inicio de sus actividades. Un indicio importante da cuenta de que el Polo Obrero estuvo lejos de ser su único cliente: esa factura reporta ser el comprobante número 536. Una de las firmantes de esta factura rendida fue María Isabel Dotti, alias “Tango”, también imputada y a quien le encontraron US$16.000 en su departamento durante los allanamientos.
“Tenemos las cosas que nos vendieron y el software lo compramos porque teníamos capacitación en audiovisual”, agregó Belliboni sobre estas compras.
Coxtex fue fundada por Luis Alexander Pichuaga (canadiense) y María Soledad Vega, quienes aseguraron no conocer su participación en la sociedad. La policía fue al domicilio del primero, en el que se encontraron con un PH de dos pisos en el que residían múltiples miembros de una familia. La habitación superior era compartida por Pichuaga, su mujer y tres niños.
Lo llamativo es que Pichuaga y Vega tienen más sociedades juntos. Se pudo confirmar la existencia de por lo menos otras tres: Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA y VSP Consulting SA. A su vez, el primero fue contratado por la Subsecretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 23 de marzo de 2023, con 800 unidades retributivas, según documentación oficial.
La causa de extorsiones de organizaciones sociales, que tiene como principal imputado a Belliboni, es solo una de las que se iniciaron en todo el país. Pero, para fuentes judiciales, es la puntera en cuanto al desentrañamiento de un posible sistema que habría operado durante la gestión anterior, con dos políticas públicas como catalizadores: el crecimiento del Potenciar Trabajo, que implicaba que existan unidades de gestión (cooperativas y asociaciones civiles) que intermediaban los planes, y el Renacom, el registro de comedores con los que recibían alimentos.
