A medida que se acumulaban pruebas que daban cada vez más peso al indicio de que el juez federal de Mendoza Walter Bento era “el número 1” o “el gran jefe” al que tres abogados se referían en sus comunicaciones telefónicas para aludir a quien tenía la llave para que contrabandistas y narcotraficantes obtuvieran fallos beneficiosos a cambio de fuertes sumas de dinero, el fiscal federal de Cámara Dante Vega y sus pares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Mario Villar y María Laura Roteta, pusieron el foco en los ingresos del grupo familiar del poderoso magistrado con competencia electoral en la mayor provincia cuyana, acusado de ser la cabeza de una asociación ilícita que cobraba coimas por favores procesales.
Así, establecieron de manera primaria, que Bento; su esposa, María Isabel Boiza (secretaria en el juzgado federal 3) y dos de los tres hijos del matrimonio -también empleados judiciales- adquirieron bienes, realizaron numerosos viajes y llevan un tres de vida muy por encima de lo que podrían costear con la suma de sus ingresos: $1,7 millones de pesos en salarios pagados por el Poder Judicial de la Nación y $6000 por una asignación familiar por hijo que paga la Anses, según el informe de la AFIP que consta en la causa.
Según publicó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, en función de la imputación que el fiscal Vega hizo ante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, Bento y Boiza “emplearon su sociedad conyugal para adquirir o vender numerosos bienes inmuebles y muebles y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna”, y “utilizaron a sus hijos para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos y para que figuren como titulares de bienes”.
Los hijos del juez aún no fueron imputados -se espera, al respecto, el resultado de un peritaje contable-, pero “su situación fue comunicada a la Cámara Federal para que lleve a cabo las investigaciones administrativas que correspondan”.
Señaló la fiscalía que el matrimonio Bento-Boiza registra “numerosos viajes, preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, por lo que se descarta que los mismos sean con fines de esparcimiento u otro fin lícito, lo que refuerza la configuración de los delitos” de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Vega y sus pares de la Procelac también compararon los informes patrimoniales del juez con competencia electoral en Mendoza y su esposa con la de los fiscales federales de primera instancia de la jurisdicción, “lo cual le permitió reforzar la convicción sobre las conductas del magistrado”.
“El patrimonio de la familia superaría el monto total de los ingresos lícitos en concepto de sueldos, cobrados sucesivamente por los cuatro miembros de la familia desde su ingreso a las filas del Poder Judicial desde 1992 [con rango de secretario] hasta la actualidad”, indicó la fiscalía.
Bento asumió como juez en 2005. Según informó fiscales.gob.ar, la información registral a su nombre indica que solo es titular de un bien: una camioneta. “Tanto él como su esposa han utilizado las formas legales respectivas para distribuir entre sus hijos los numerosos bienes inmuebles y muebles que integran su patrimonio”, concluyó la fiscalía.
El teléfono del narco
La esposa de Bento está detenida desde ayer. El juez, en cambio, todavía cuenta con la protección al arresto de los fueros que le provee el cargo. Comenzó a ser investigado luego de que la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza revelara las constancias de un peritaje al teléfono de Walter Bardinella Donoso, un narcofinancista que estaba prófugo en una causa por el tráfico de 400 kilos de marihuana. En ese celular aparecían mensajes entre el detenido y su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal N°1. En numerosos mensajes de texto y de voz se alude al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en eventual referencia a Bento.
Para investigar lo que aparecía como una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales, los fiscales verificaron 300 causas por contrabando que tramitaban o lo hubieran hecho en los dos juzgados federales de Mendoza con competencia penal: el N°1 y el N°3. Ninguno de los casos sospechosos apareció en causas del juzgado federal N°3. El titular del N°1 era, justamente, Bento.
Sostuvo Vega al presentar su acusación ante el juez Puigdéngolas: “Su objetivo principal era lograr, a través del pago de un soborno, la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal N°1 de Mendoza o su desvinculación del proceso. La consumación de la maniobra variaba de acuerdo con el caso, pero se hacía siempre sobre la base del siguiente mecanismo: en una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero variables en dólares estadounidenses) para que el beneficiario recuperara su libertad. Generalmente esta libertad iba seguida por la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos, beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado, que a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad”.
Luego de tomar múltiples testimonios, los fiscales concluyeron que había “un factor común que aglutina los testimonios de funcionarios aduaneros, policías, abogados del foro y personas imputadas o condenadas: todos, sin excepción, han referido anomalías, irregularidades o directamente delitos cometidos en el trámite de ciertos expedientes ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza”.
Publicó fiscales.gob.ar que, según las pruebas obtenidas por la fiscalía, “era común que el arreglo se pactara de común acuerdo entre el sobornador y los intermediarios, pero en otros casos se presionaba directamente al imputado y hasta a su familia con la amenaza de permanecer en prisión, de acuerdo a la voluntad del juez”.El vínculo con Aliaga, secuestrado y asesinado
El nexo entre Bento y los abogados que pedían los sobornos habría sido Diego Alfredo Aliaga, el empresario secuestrado el 28 de julio del año pasado y hallado asesinado el 11 de septiembre de 2020. Los fiscales Vega, Villar y Roteta concluyeron que Aliaga era “hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos” y que su vínculo comenzó en 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando de mercaderías y “fue beneficiado por el juez en dos oportunidades: la primera en fecha 3 de agosto de 2010 cuando dictó falta de mérito en su favor y la segunda el 14 de mayo de 2014 cuando lo sobreseyó”.
El 28 de julio de 2020 Aliaga se dirigió a una reunión en Guaymallén. Cuarenta y cinco días después su cadáver fue hallado enterrado en un campo de la localidad de Costa de Araujo, a más de 50 kilómetros de la capital de la provincia.
Por ese crimen fueron detenidos el socio de Aliaga, Diego Barrera; su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi. Se cree que uno de ellos es quien realizó la llamada extorsiva a Gonzalo Aliaga, hermano de Diego, para exigirle un millón de dólares de rescate.
Barrera prestó una extensa declaración ante el fiscal federal Dante Vega. Según trascendió, dijo que Aliaga tenía contactos en las tribunales federales que le permitían sostener un millonario y turbio negocio: beneficios para acusados en causas penales a cambio de importantes cuotas de dinero en dólares.
