La causa que investiga si existieron comedores fantasmas durante la gestión de Alberto Fernández y si se produjo la compra irregular de alimentos por parte de las asociaciones civiles sumó en los últimos días una presentación clave por parte de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso.
El organismo que conduce Alejandro Melik aportó pruebas que demuestran que en las rendiciones de gastos de las organizaciones sociales a cargo de los comedores se puede ver que comedores ubicados en Chaco y Formosa y otras provincias del norte y centro del país realizaban compras de alimentos a comercios ubicados en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, es decir, a cientos de kilómetros.
En el expediente que lleva adelante el fiscal Ramiro González se investiga el posible delito de “defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La causa se originó a comienzos de año a raíz de una denuncia de las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que señalaron que tras realizar una auditoría determinaron que el 32% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) no funcionaba más; el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con los datos reales y el 16% nunca habría funcionado como comedor.
Ahora la Oficina Anticorrupción hizo una presentación en la causa con facturas y otras pruebas que demostrarían irregularidades en la compra de alimentos que debían ir a los comedores. El organismo de Melik apuntó contra la Asociación Civil 18 de Mayo que en dos expedientes dijo tener a cargo 159 comedores/merenderos en provincias del centro y norte del país. El Ministerio de Desarrollo Social proveía de millones de pesos a esa organización para la compra de alimentos.
Sin embargo, en la presentación de la OA se destacaba un dato muy particular: en las rendiciones de cuentas, la Asociación Civil 18 de mayo dijo haber comprado alimentos en provincias del sur del país para comedores que estaban ubicados en el otro extremo.
Un ejemplo de esto es la compra de muzzarella, ricota y queso cremoso que hizo la Asociación Civil 18 de mayo a la empresa Global PVC SRL por casi $50.000, que está ubicada en Puerto Madryn. Para las autoridades de la Oficina Anticorrupción, se trata de una compra irregular si se tiene en cuenta que según pudo saber TN, la asociación en cuestión dijo tener a cargo comedores en Santa Fe, Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Chaco, Formosa y Buenos Aires.
¿Por qué compraría entonces la mercadería en Chubut? No se descarta que la maniobra sea, en rigor, una simulación de una factura por alimentos que nunca se compraron y cuyo dinero fue utilizado con otro destino.
Lo mismo ocurrió con Galmes Graciela Lucia, a la que le compraron Yerba Pipore Común por $12.400. El comercio está ubicado en Puerto Madryn. Hay un dato que hace aún más alarmante esta presentación: el traslado de los productos adquiridos requería de una costosa logística (por ejemplo, transporte de cargas refrigeradas o frágiles) que a priori no se ve documentada en las rendiciones de cuenta.
Los ejemplos más llamativos se vinculan con la compra de huevos, abonadas en efectivo a la Distribuidora AvriZu de la localidad de Puerto Madryn, Chubut; de carne y otros productos, al proveedor 44 HÉROES, de Millao Barria Carlos Alberto, sito en Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego; y de cordero al Frigorífico Adonai, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
El dinero que Desarrollo Social otorgaba en cada convenio se calculaba con base en el número de personas que, según lo declarado por la propia organización, asistían a esos espacios. Con ese dinero, las organizaciones debían comprar alimentos, luego justificar esa compra con facturas y recibos y luego distribuirlos entre sus comedores.
Para la OA, las pruebas demuestran “la existencia de una maniobra defraudatoria en perjuicio del erario público, llevada adelante por miembros o referentes de distintas organizaciones sociales que recibían dinero y/o alimentos secos con destino a comedores y merenderos a los que representaban”. Y agregaron: “Ello, sin perjuicio de la posible intervención de funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, quienes en el marco de sus competencias habrían omitido efectuar los controles previos y posteriores al otorgamiento de los subsidios, permitiendo de ese modo el lucro indebido de terceros, en detrimento de los intereses del Estado”.
El organismo remarcó que no existía un control efectivo por parte del Estado sobre los comedores y merenderos para verificar si realmente recibían los alimentos que las organizaciones decían comprar. Las asociaciones son investigadas por colocar un número ficticio de personas que supuestamente asistían a los mismos con el fin de obtener cada vez más subsidios.
Además, en la presentación se dieron a conocer nuevos comedores que al momento de chequear su existencia se comprobó que no funcionaban en el lugar como “Los Peques de Lau”; “Pequeños Gigantes”; “La Primavera”; “Cielos Abiertos”; “Mis pancitos”; entre otros.
La OA solicitó una serie de medidas de prueba entre las que se encuentran testimoniales, datos de las autoridades de las asociaciones civiles que habrían cometido irregularidades en la compra de alimentos, y le pidió a la Justicia profundizar la investigación para determinar si parte de esas sumas fueron o no destinadas a la compra de alimentos en cuestión y si se distribuyeron correctamente.
