La causa que investiga el asesinato del fiscal Alberto Nisman (18 de enero de 2015) tiene varias derivaciones en tribunales. Una de ellas es la que analiza las acciones que se tomaron para entorpecer y desviar la investigación que encabezaba la fiscal Viviana Fein. En este expediente conexo se investigan hechos derivados del poder político (funcionarios de Cristina Kirchner), de la SIDE (su director era Oscar Parrilli) y de la Procuración General de la Nación, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Las acciones investigadas tenían tres objetivos principales: desprestigiar a Nisman inmediatamente después de muerto, instalar rápido la idea de que se había suicidado y vigilar a la fiscal Fein para estar alertas sobre cualquier cambio de rumbo en la marcha de la investigación que pudiera afectar al gobierno de Cristina. Están bajo la lupa ocho personas, entre ellos Parrilli, Gils Carbó y el área de comunicación de su gestión, el ex jefe del Ejército y de la inteligencia paralela, César Milani, y el entonces secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
¿Qué pasa con esta causa? Tras oír los testimonios de más de 50 espías de la SIDE, el fiscal Taiano le pidió al juez Ercolini informes sobre las comunicaciones de los funcionarios sospechados desde un año antes del crimen -cuando Nisman ya investigaba a Cristina Kirchner por el Pacto con Irán- hasta un año después. Apenas se libró el oficio a las telefónicas, hace pocos días, dos abogados se presentaron al juzgado pidiendo acceder al expediente y ver los resultados de esos informes, cuando estén concluidos.
Pablo Hawlena Gianotti y Alex Zlatar entraron a la causa en nombre de Aníbal Fernández. Así, Aníbal es el primer funcionario de Cristina en poner defensores en el caso que investiga la muerte de Nisman. El abogado Hawlena Gianotti había defendido a uno de los imputados por el caso de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos, cuyo sospechoso mayor era el secretario del Senado, Juan Pablo Aguilera, cuñado del gobernador kirchnerista Sergio Urribarri.
Un caso calcado al de “Chocolate” Rigaut en la Legislatura bonaerense, pero en Entre Ríos, cuya investigación llegó mucho más lejos que el aletargado caso de La Plata: será elevado a juicio con 32 imputados. Curiosamente, la causa Nisman ya tiene una conexión con Entre Ríos: dos militantes de Urribarri que fueron funcionarios provinciales le enviaron al fiscal que investigaba a Cristina un virus troyano a su celular para tratar de espiarlo. Uno de ellos tenía una clave de la SIDE.
Ahora, mientras el juez espera estos nuevos informes sobre los días en que Nisman apareció muerto, Aníbal ya está adentro del expediente. En Comodoro Py causó sorpresa la velocidad de la presentación: nadie sabe cómo, pero Fernández supo de inmediato que analizarían sus llamadas y mandó a sus abogados. Está en su derecho. Tras ser elegido senador en 2011, Aníbal Fernández había regresado al gobierno de Cristina el 18 de diciembre de 2014.
Dijo entonces que lo convocaban “por ser un wing izquierdo habilidoso”. Al mes de asumir, un incendio en la Casa Rosada borró todos los registros de entradas y salidas de la época en que se negociaba el Pacto con Irán. Como no hubo denuncia judicial, las causas del incendio nunca se investigaron. La seguridad del edificio estaba a cargo de un militar de Milani que dependía de Aníbal Fernández.
El gerente de la empresa que proveía el software y nunca reconstruyó el material perdido era Carlos Martinangeli, amigo de Aníbal y compañero de gestión en la comisión directiva del club Quilmes. Sólo 30 horas después de aquel incendio -que el gobierno mantuvo oculto durante meses-, Nisman fue hallado en su departamento con un tiro en la cabeza.
