Un fiscal federal de Catamarca decidió investigar las quiebras que se dictaron a la empresa Adhemar Capital y a Edgar Adhemar Bacchiani al sumar indicios de que se podrían haber realizado maniobras fraudulentas. El acusado, que se encuentra detenido desde hace más de dos años, había recurrido a esa estrategia para llegar a un acuerdo con sus acreedores y evitar una condena por estafa.
El autodenomidado “Trader God” (Dios de las Transacciones) creó la empresa Adhemar Capital para hacer operaciones con la compra y venta de criptomonedas. Captaba capitales en dólares y pesos a cambio de comisiones de entre el 7% y el 20% mensuales durante seis meses. Por ejemplo, si una persona entregaba U$S10.000 con una tasa del 15%, al finalizar el contrato, terminaba recibiendo U$S19.000, es decir, casi duplicaba la inversión.
Bacchiani instaló su base central en Catamarca, pero después abrió sucursales en Tucumán y en Córdoba donde su propuesta fue un éxito. También captó inversionistas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Buenos Aires y Mendoza, entre otras provincias.
En febrero de 2022 empezó con los problemas financieros y comenzó a incumplir con los pagos pactados. En abril fue detenido por orden de la Justicia Federal y por la justicia ordinaria de Córdoba.
El juez federal Miguel Ángel Contreras lo acusó junto a otras personas de realizar intermediación financiera sin autorización, defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.
La fiscala cordobesa Valeria Rissi, por cuestiones de competencia, protagonizó una dura batalla legal para poder investigar al CEO. No sólo que lo hizo, sino que además solicitó que sea enjuiciado por haber cometido 50 estafas, planteo que fue aceptado por el juez José Emilio Peralta. Sólo queda que le pongan fecha de inicio al debate, ya que se rechazaron todas las apelaciones presentadas por sus defensores.
Estrategia
Encerrado en la cárcel, Bacchiani buscó la manera de aliviar su situación procesal. Por ello decidió pedir la quiebra. La Justicia de Catamarca realizó dos procesos para ordenar las cuentas. El primero fue para atender las deudas de la empresa y el segundo, para conocer los acreedores del “Trader God”. Ambos trámites fueron polémicos porque se realizaron con escaso personal y fueron extremadamente lentos, lo que generó una importante disminución de los valores de las deudas.
En la primera quiebra se presentaron 268 acreedores que reclamaron el pago de $2.890 millones, pero sólo reconocieron $1.293 millones, es decir, menos de la mitad. Afuera quedaron inversiones por $553 millones y U$S1,9 millones. En su dictamen, la jueza María Virginia Cano, además de confirmar el proceso, anunció que las personas que demandaban el pago de las deudas a Bacchiani tenían plazo hasta marzo de 2023 para reclamar sus fondos.
Tuvieron que pasar 19 meses para que la magistrada firmara el 29 de septiembre pasado el segundo proceso. En esta quiebra, se presentaron 876 personas reclamando fondos por $12.162 millones, pero terminaron aceptándose $ 11.108 millones. Quedaron afueran 13 reclamantes que pedían la devolución de $552 millones y U$S1,9 millones.
En total, según las estimaciones, Bacchiani debería haber iniciado un plan de pago por un total de más de casi $14.000 millones. Los funcionarios daban por descontado que podría afrontar esa deuda, ya que se sabe que tenía al menos U$S250 millones en criptomonedas.
Entre los acreedores, LA GACETA pudo establecer que hubo una veintena de tucumanos que reclamaron más de $286 millones, pero fueron rechazados los planteos de dos inversionistas que solicitaron cobrar unos unos $173 millones. En lo que se refiere a dólares, los comprovincianos exigieron el reintegro de unos U$S184.000, de los cuales sólo se reconocieron U$S139.000. A los inversionistas que aportaron la moneda norteamericana les terminarán devolviendo unos $40 millones.
Contratiempo
El fiscal federal de Catamarca Rafael Vehils Ruiz decidió investigar los dos procesos de quiebra. Si bien es cierto que no se difundieron mayores detalles, el investigador ya realizó algunas medidas y está gestionando otras para esclarecer el caso.
El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Antonio Gustavo Gómez había considerado que existían elementos suficientes como para iniciar una investigación. El cuerpo de jueces aceptó ese planteo, por lo que inició un expediente.
Según las normas vigentes, se considera un ilícito cuando “el comerciante declarado en quiebra que en fraude de sus acreedores, hubiere simulado o supuesto deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no haya justificado la salida o existencia de bienes que debiera tener, que haya sustraído u ocultado alguna cosa que correspondiere al total del capital; o haya concedido ventajas indebidas a cualquier acreedor”.
