El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, quien solicitó la extensión de la prisión preventiva que pesa sobre los acusados por dos meses más ante la vigencia de los peligros procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La jueza interviniente hizo lugar al pedido.
Los acusados están imputados por el delito de asociación ilícita, uno de ellos en calidad de jefe y los restantes, como miembros. En la audiencia, el fiscal señaló que hay más integrantes identificados y que se investiga la participación en otros hechos. La banda estaba integrada por sujetos que pertenecen a la policía. La causa fue declarada como de asunto complejo.
De acuerdo a la acusación, entre mayo y noviembre de 2023, dentro de la provincia de Tucumán, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y de roles asignados a cada uno, como miembros de la organización, fue que, en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática, se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos.
Lo hacían mediante la obtención, en forma constante, de rodados, entre ellos motocicletas, automóviles y camionetas, con pleno conocimiento de que los mismos habían sido utilizados en hechos ilícitos o que habían sido sustraídos y se encontraban denunciados como robados.
Debido a la situación irregular en que se encontraban estos rodados, los miembros de la asociación los adquirían mediante compras o transacciones informales, es decir sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia.
Asimismo, a fin de evitar que estos rodados sean debidamente individualizados, los integrantes de la asociación modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios (es decir colocando dominios que no se corresponden con los rodados), adquiriendo de esta forma, incluso, vehículos de otras provincias (como ser la provincia de Buenos Aires).
Una vez obtenidos los rodados, como parte del plan criminal, los miembros de la asociación utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos, simulando que los mismos no contaban con pedido de secuestro o no se encontraban siendo buscados por la justicia en el marco de investigaciones penales.
