El vicegobernador Osvaldo Jaldo y 17 legisladores que le responden llevaron a cabo una reunión en la que ratificaron que continuarán “trabajando para llevar soluciones concretas a los tucumanos”. Este encuentro no fue casual ni mucho menos uno más para el jaldismo, debido a que tuvo lugar después de que desde Casa de Gobierno se vetara de forma total o parcial cinco iniciativas aprobadas por el Legislatura.
Es por ello que ni lerdo ni perezoso, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se puso al frente de la situación y de la reunión de trabajo con los legisladores del bloque Justicialista de Todos para analizar los proyectos de leyes que fueron aprobados por el Poder Legislativo pero vetados por el Ejecutivo, un hecho que se enmarca dentro de la grieta que existe entre el presidente de la legislatura y el gobernador.
Luego del encuentro, fue el propio Osvaldo Jaldo quien explicó que “junto a los legisladores del bloque Justicialista de Todos, hablamos de temas relacionados a la situación actual de la provincia y donde tratamos de realizar un análisis más profundo de algunas leyes que fueron vetadas, para el próximo encuentro”. ¿Acaso existe la posibilidad de insistir con tal de lograr la aprobación de estas leyes?
Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque, planteó que las normativas aprobadas y vetadas “tenían que ver con el pase a planta de los agentes que vienen desempeñándose en el sistema provincial de salud, y los cuales serán analizados y veremos si insistimos o no nuevamente en dicha ley, también el informe del ministro de educación y seguramente en la próxima reunión de bloque tendremos una resolución”.
Y es que todavía no se entiende cómo es posible que desde Casa de Gobierno, el gobernador Juan Manzur vetara el pase a planta permanente de aquellos agentes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) que prestaron servicios durante un plazo mayor a 180 días desde el comienzo de la pandemia. Pero esa no fue la única iniciativa legislativa, ya que la referida al “congelamiento” de los alquileres y a la suspensión de los desalojos también corrió la misma suerte.
Lo mismo que la propuesta que asimilaba los salones de fiesta y de eventos a los establecimientos de restaurantes, bares y afines “en cuanto al tratamiento, habilitación y ampliación de rubro en las jurisdicciones comunales de la Provincia”. Como si eso fuera poco, también se vetó la suspensión por 60 días de la tramitación y ejecución administrativa de las multas y/o sanciones y/o clausuras que hubiese impuesto el IPLA.
Y por último, el proyecto de ley cuyo fin era “suspender, desde su entrada en vigencia y hasta el 31/12/2021, los aumentos o actualizaciones de las tarifas eléctricas en todas las categorías de usuarios a quienes brinda servicio la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET), como así también las audiencias públicas que pudieran realizarse con dicho fin”. ¿Acaso puede más la pelea política que los intereses de la ciudadanía en su conjunto?
