El hallazgo de unos 5.200 kilos de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en una casa de Manantial Sur generó un profundo malestar en el gobernador Osvaldo Jaldo, quien decidió tomar el toro por las astas y está decidido a avanzar con fuerza para terminar con la corrupción en Tucumán. Al respecto, tomó cartas en el asunto y son muchos los que deberán cuidarse de aquí en adelante.
En ese sentido, cabe mencionar que, ante la prensa, Jaldo expresó que el caso está bajo la órbita de la Justicia, pero puso énfasis en la importancia de “determinar los responsables, caiga quien caiga”. “Somos los más interesados que se esclarezca lo antes posible”, indicó el mandatario. El gobernador puso el foco en un dirigente social que ya había sido mencionado en el expediente.
Su identidad surgió porque, en el operativo que derivó en el secuestro de los alimentos, los efectivos de la seccional 15° incautaron una orden de entrega de alimentos que llevaba su nombre y DNI. El listado consignado en ese remito incluye 216 unidades de productos que componen los módulos alimentarios del gobierno (aceite de girasol, arroz, azúcar, fideos, harina de trigo, lentejas, puré de tomates y yerba”.
En el recibo, sellado el 20 de noviembre pasado en el centro de logística de Hacha de Piedra, se indica como beneficiario al Movimiento Provincial Tucumán (MPT), con domicilio -según el Gobierno- en Alderetes. Un dato que llamó la atención de los investigadores, además de las anotaciones propias de la comercialización, es que en el lugar había mucha más comida que la indicada en el remito.
Por ello, en el gobierno no descartan que se haya tratado de un acopio de al menos dos organizaciones barriales. Es por ello que los movimientos sociales ya no van a manejar más los alimentos, llegarán directamente a los beneficiarios, vía una tarjeta que dijo el gobernador será del Banco Macro o de la Caja Popular, en la cual cada beneficiario va a recibir lo que recibía de alimento en plata y va a poder comprar los alimentos directamente.
De esta manera, se acabaron los intermediarios en Tucumán, se acabaron los gerentes de la pobreza en la provincia, lo cual se replica desde comienzo del año a nivel nacional, trazando un paralelismo más que positivo entre el gobernador local y el presidente de la Argentina, Javier Milei. No en vano, ambos mandatarios gozan de una alta imagen positiva gracias a la postura de ambos en lo que hace a la lucha en contra de la corrupción.
En ese sentido, cabe mencionar que se produjo otro anuncio histórico ya que, en simultáneo con el debate a nivel nacional del proyecto que impediría a las personas condenadas ser candidatas y ocupar cargos públicos, el gobernador Osvaldo Jaldo presentó ante la Legislatura un proyecto de ley ampliado de Ficha Limpia. Además, ratificó que los tres diputados del bloque Independencia acompañarán la iniciativa en el Congreso de la Nación.
“Ampliaremos los alcances de esta ley, primero, incorporando a más personas y en algunos casos a más funcionarios al contenido, debido a que actualmente habla de la inhabilitación de los funcionarios electos por voluntad popular; nosotros incluiremos a los funcionarios designados por autoridades de los tres poderes del estado”, aseveró Jaldo, junto a la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls.
Jaldo remarcó que la ley abarcará “a funcionarios que tengan algún tipo de condena”, y, además, se abarcarán más delitos de los que hace referencia la ley actual, adelantó. “Tenemos esa convicción firme de que para ser candidato el ciudadano realmente debe reunir condiciones, al igual que para ser funcionario, aun designado por decreto. Esto será la Ficha Limpia tucumana”, afirmó.
El texto, que también lleva la firma del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, fue enviado ayer al mediodía a la Legislatura provincial para su tratamiento. Pedicone de Valls explicó los alcances del proyecto de ley. “El Gobernador viene siguiendo muy de cerca el tema de la discusión a nivel nacional sobre la Ficha Limpia, el tema está en la agenda política y de la Cámara de Diputados y de Senadores”, introdujo la fiscal de Estado.
“En Tucumán sí tenemos ley de Ficha Limpia, cosa que en general no se sabía”, y recordó que “en 2022, mientras Jaldo presidía la Legislatura, impulsó la aprobación de una modificación a la ley orgánica de los partidos políticos, incorporando inhabilitaciones para ser candidatos”. Ahora, Jaldo busca extender las restricciones y abarca a todos los cargos de conducción en los tres poderes del Estado.
En el caso del Ejecutivo, el proyecto determina que la norma comprenderá a ministros, a secretarios, a directores y a titulares de entidades públicas. “Hasta directores tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial, con rangos parecidos; esos cargos no tenían esta exigencia de idoneidad en términos de conductas reprochables que pudieron haber tenido con algunas condenas penales en dos instancias”, dijo.
“Se busca ampliar el rango de a quiénes involucra y consigna que una persona con condena en dos instancias está inhabilitada para ser nombrada, para ocupar un cargo, desde ministro hasta director”, añadió la fiscal de Estado. En paralelo, especificó que se ampliaron los tipos penales que derivan en una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ejemplo, indicó la funcionaria, “las condenas por delitos vinculados al tema ambiental están incluidas junto con las personas que tienen deudas con la familia, con el registro de morosos y una amplia variedad de delitos”.
“Con dos condenas firmes, consideramos que la persona ha perdido las condiciones de idoneidad para actuar como funcionario público y representar al ciudadano de a pie; este es el mensaje muy claro del Gobernador: la ejemplaridad en las conductas”, concluyó.
En definitiva, lo cierto es que quedó más que claro en la jornada de ayer que Osvaldo Jaldo acelera para terminar con la corrupción en la provincia de Tucumán.
