Por decreto, el Gobernador disolvió la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia y resolvió abrir un sumario administrativo a los empleados investigados por la presunta comercialización de tierras fiscales en Loteo Gaucho Castro.
Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó una decisión de fondo ante la presunta venta ilegal de lotes en El Mollar. El mandatario provincial firmó el decreto que desarticuló la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia de Tucumán y suspender y abrir un sumario administrativo a los empleados públicos Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, que son investigados por la presunta comercialización de tierras fiscales en Loteo Gaucho Castro.
“Queremos llegar hasta las últimas consecuencias por la titularidad de la Provincia, además de que todos aquellos que tengan responsabilidad directa o indirecta que le caiga el peso de la justicia, ciudadanos dentro del Perilago, exfuncionarios o actuales“, sentenció Jaldo días atrás en conferencia de prensa, y avisó: “Este gobierno va a hacer respetar a rajatabla la propiedad privada; esto marca una diferencia con gobiernos anteriores, que eran partes importantes en usurpaciones que se hicieron en la provincia“.
Según informó La Gaceta, Jaldo ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como también el inmediato cese de sus autoridades y direcciones, en virtud de la “las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en respuesta a las denuncias de usurpaciones en las que el Estado Provincial ha sido víctima, y han revelado la existencia de irregularidades”.
El instrumento asigna a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones que por ley corresponden a dicho organismo, “especialmente actuar como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 5.670, ejercer las facultades de autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 6.753, de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 24.374 y entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial con dicha finalidad o afectados mediante Ley Provincial a dicho fin, en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional N° 7.347”.
Jaldo también ordenó a Catastro que concrete un relevamiento de las actuaciones cumplidas y las que se encuentran en trámite en el organismo disuelto, “a los fines de proveer la información a las autoridad judiciales intervinientes en la causa Castro Juan Pablo s/ usurpación y otros delitos” y en toda otro expediente en el que la Provincia denuncie usurpaciones de inmuebles fiscales.
Finalmente, el Gobernador dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas de los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y de Pablo Rafael Trujillo; ambos se desempeñaban en la subsecretaria disuelta y están, según el decreto, “vinculados a la causa judicial”.
