Tucumán es de esos lugares que muchas veces se parecen más el triángulo de las Bermudas y donde los patos les disparan a las escopetas. Y es que en las últimas horas, desde el oficialismo salieron a decir que existe una especie de plan para atentar contra las instituciones en Tucumán desde el anonimato. Si no fuera una cuestión tan seria, generaría risa que sea el propio Osvaldo Jaldo el que pretenda erigirse en defensor de la institucionalidad.
En ese marco, el titular de la Legislatura osó molestarse por el reclamo popular en las redes sociales, luego de que la provincia trascendiera de forma lamentable a nivel nacional. Y es que para el vicegobernador pareciera ser más grave que el asesinato de Abigail haya trascendido y generado lo que generó que el hecho en sí mismo. En ese sentido, tuvo la desfachatez de decir que lo que existe en Tucumán son “dificultades”.
Pareciera desconocer o simplemente olvidar que justamente desde la Legislatura que él conduce se maneja una suerte de gobierno paralelo en Tucumán. No en vano, desde este medio alertamos ya en ocasión del freno a las tarifas que el ERSEPT convalidó, un momento que devolvió la tensión al binomio Jaldo – Manzur. Sin embargo, lo más grave no pasa por las internas hacia el interior del oficialismo, sino el hecho de lo que oculta este enfrentamiento.
Y es que Jaldo busca hacerse fuerte en el marco legislativo para medir fuerzas pensando en el 2023. Y con tal de ser el reemplazante natural de Manzur, no le importó ser él mismo el autor del progresivo desmantelamiento de las instituciones en Tucumán. Así lo dejó en claro todo lo referido al caso Pedicone – Leiva, mostrando a través de audios que hoy la Justicia desestima, la tremenda falta de independencia de los poderes del Estado.
En ese marco, Jaldo se valió de la mayoría automática con la que cuenta en la Cámara legislativa para aprobar media docena de pedidos de juicio político en contra del camarista que osó mostrar la podredumbre en la que se halla el sistema judicial, cooptado por el poder político. Al mismo tiempo, la Legislatura desestimó todos los pedidos de juicio político presentados en contra del vocal de la Corte Suprema que fue denunciado.
Ni hablar del aguantadero de delincuentes en el que la Legislatura se convirtió, tras proteger al legislador Jorge Yapura Astorga, quien se vale de fueros parlamentarios más estrictos que los que poseen los diputados nacionales para no enfrentar a la Justicia. Tener como representante del pueblo tucumano a alguien que debe ser juzgado por hechos de corrupción y protegerlo es lo que verdaderamente desestabiliza a las instituciones en Tucumán.
No tienen derecho a juzgar ni a culpar a la sociedad tucumana por expresarse en las calles con manifestaciones ni por medio de las redes sociales mediante mensajes. La ciudadanía está harta del desprecio que la misma clase política les brinda a las instituciones en nuestra provincia. La situación no da para más y, sin embargo, desde el oficialismo prefieren ver fantasmas donde no los hay, al punto de que la realidad los golpeará como el iceberg al Titanic.
