El Gobierno ha decidido accionar preventivamente frente al paro anunciado por la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATCT) desde el primer minuto de hoy martes ante la escasez de gasoil. Por esa razón, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, instruyó al equipo de abogados de la Fiscalía de Estado para que presente sendas denuncias en los Tribunales provinciales y federales.
Lo hizo con el fin de que se garantice el derecho de libre circulación y del trabajo a personas y/o entidades que se sientan afectadas por la medida de fuerza. “Es una decisión unilateral que han tomado los transportistas en un contexto en el que venimos dialogando con todos los sectores con el fin de tratar de hallar, paulatinamente, una solución para que haya más combustible, pero que de ninguna manera se afecte a la economía local”, remarcó el gobernador interino.
En la denuncia presentada en la Justicia tucumana, la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, por instrucciones del vicegobernador a cargo del Ejecutivo, le pide a la Fiscalía Regional del Centro Judicial Capital que adopte “todas las medidas conducentes al cuidado de los bienes y libertades personales de todos los ciudadanos del territorio provincial con motivo de la huelga anunciada por la asociación de transporte de cargas de Tucumán”.
En la que se elevó a la Fiscalía Federal de turno, a su vez, le pide que amplíe esas medidas al resguardo de la libre circulación en rutas provinciales y nacionales, frente a la advertencia que hiciera el titular de la ATCT, Eduardo Reinoso, de que sus representantes impedirían el acceso de camiones a todo el territorio provincial. Jaldo les comunicó a los apoderados legales de la provincia de que no se quedará de brazos cruzados.
En ese sentido, se justificó esgrimiendo que desde que se profundizó el problema de la escasez de gasoil, el Gobierno provincial viene realizando distintas tratativas ante el Ejecutivo Nacional y ante compañías petroleras para que el suministro vaya regularizándose de acuerdo con las posibilidades que esas empresas cuentan para distribuir en todo el territorio nacional de la Argentina.
El principal temor que existe en la Casa de Gobierno es que los camiones bloqueen el acceso a ingenios azucareros y a plantas citrícolas, por ejemplo, en plena período de zafra. “Somos respetuosos del derecho de huelga, pero también queremos que se respete el derecho a trabajar y a circular de los demás ciudadanos. Muchos obreros pueden quedarse sin sus jornales si se impide la normal evolución de estas actividades”, planteó Jaldo.
