La misma clase política que los multiplicó ahora se hace la sorprendida, luego de recibir encuestas. El problema era anterior a las encuestas. Antes de que el 80% de la gente diga que está en contra de un acampe masivo en la 9 de julio, el acampe masivo ya era inaceptable. Antes de que la gente haga saber su rechazo en los focus groups, los planes habían demostrado no ser un puente hacia el trabajo sino una nueva escala en el pantano de la pobreza.
Cada día aparece una nueva historia sobre alguien que ofrece empleos, pero no encuentra interesados porque prefieren no desprenderse de la seguridad de la asistencia o porque no hay suficiente capacitación. Todos los estímulos equivocados están a la orden del día. La distorsión empieza cuando es el propio Estado el que dice que el mérito no vale y que sólo vale el Estado poderoso que iguala.
Así, con la misma lógica de la escasez, un día que es hoy, sólo hay falta de capacitación y una cultura del trabajo rota como la economía. En las graves distorsiones del mercado laboral y en el negocio de la pobreza del que deriva la cultura de los planes, no hay inocentes. Los dos acampes sin antecedentes que se produjeron en el último mes, ocurrieron en medio de una total inacción para evitarlos.
La misma ciudad que dice que no puede haber otra foto de la 9 de julio convertida en un camping, no apareció con su policía cuando eso ocurría. Ni tampoco las autoridades para marcar lo inadmisible. Sigue sin existir un punto medio entre reprimir y cumplir con la obligación de poner orden que le corresponde al Estado. Prevalece el miedo o la tibieza, y luego vienen los hechos consumados.
Ahora la Ciudad de Buenos Aires recurre a quejas de buenos modales ante una política de hechos consumados que fue la constante desde que comenzó el gobierno de los Fernández. El acampe de la semana pasada cruzó en muchos sentidos una frontera. Hasta ahora, se impedía que los reclamos cortaran el Metrobus, que toda la avenida quedara obstruida, y que se extendiera la protesta con la pernoctación de los manifestantes.
Todas esas líneas fueron cruzadas. Sentaron un peligroso precedente en el espacio público. Ganaron las calles en detrimento de miles de personas que vieron obstruidos sus derechos a circular. En medio de una creciente conflictividad social los políticos tienen terror de que como dicen brutalmente en forma reservada “les tiren un muerto”. Pero claramente no pueden renunciar a mantener un marco de orden mínimo.
Es una falta de respeto para miles de ciudadanos y, digamos todo, es incumplimiento en sus deberes, aunque a pocos les importe este ítem. La propuesta porteña de que el que corte las calles pierda el plan social peca de ingenua. La protesta fue el vehículo para tener más planes no para dejar de tenerlos, porque básicamente esta lógica funcionó. Esta idea tiene como antecedente lo que pasó con los atacantes del despacho de la vicepresidenta.
Ojalá fuera igual de importante el ataque a cualquier vecino. Pero la quita de planes por protestar parece irrealizable cuando da en el corazón de lo que es el negocio de poder y dinero en que se ha convertido el clientelismo fomentado por la política y por el kirchnerismo en particular que duplicó los planes sociales que no redujo Macri. Hoy, en la calle, tienen más fuerza los movimientos sociales que el movimiento obrero.
Hay funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que también son líderes de las agrupaciones más grandes y actúan increíblemente de los dos lados del mostrador. Que estos movimientos sean escuchados debería propender a que la gente deje de ser desocupada, que deje de necesitar asistencia del Estado. Aquí, la mayor distorsión de todas: hoy el plan parece la garantía de que no se volverá al trabajo y no una transición para conseguirlo.
La clase política balbucea ahora que quiere enfrentar el problema. Según un informe de la consultora Diagnóstico Político revela que en el mes de marzo hubo 800 piquetes en todo el país, un promedio de 25 por día. Ahora el gobierno nacional habla de extorsión, pero fueron los mismos que dejaron hacer y convirtieron a esas metodologías en formas exitosas de petición o que directamente no quisieron impedir en las calles.
En Argentina el Estado peca cuando interviene y también cuando no lo hace. Parece una afirmación contradictoria que se saldaría muy fácil. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sin favoritismos ni ventajas con la ley como parámetro. Lamentablemente la política encuentra sus monedas de cambio más miserables en la necesidad y un día ese círculo también se agota, porque sólo lo convierte en un socio de que la pobreza siga como está.
