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Javier Milei cumplirá cinco meses como primer mandatario de Argentina

Habrá sufrido ya dos paros generales sin haber conseguido que le sancionen ni una sola ley.

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Javier Milei
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Javier Milei cumplirá el viernes cinco meses como presidente argentino. Y analistas y estudiosos de la política continúan desconcertados ante la gestión libertaria. Mucho por las formas y bastante por el contenido. No saben cómo clasificarla aún. Día a día se suman actitudes, frases o iniciativas que los descolocan. Ejemplos sobran: Que el Gobierno, para responder una barbaridad de un ministro español (que Milei “ingiere sustancias”), sostenga una barbaridad peor (que los inmigrantes ponen en riesgo a las mujeres).

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Que proponga como juez de la Corte al polémico Ariel Lijo. Que el Presidente niegue, sin ruborizarse, haber licuado las jubilaciones y diga que aumentaron de 80 a 200 dólares. O que se jacte a viva voz de haber realizado el mayor ajuste de la historia sin que afecte en lo más mínimo su popularidad, cuando durante años no había dirigente que se animara a pronunciar siquiera esa palabra. Y que a la vez sea cierto que eliminó el déficit fiscal -su gran logro hasta el momento- rápido y sin que le temblara el pulso.

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Aun con una historia larga de personajes llamativos en la función pública, nunca se había visto una dinámica semejante. Curiosamente, la particularidad mayor de este Gobierno no es del todo su responsabilidad: con la huelga convocada por la CGT para mañana jueves, habrá sufrido ya dos paros generales sin haber conseguido sancionar una sola ley. Ni una. De hecho, esta segunda protesta tiene como eje central el rechazo a las dos normas que podrían salir primero si el Senado las aprueba: la Ley Bases y el paquete fiscal, que ya cuentan con media sanción de Diputados.

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En la primera hay una reducida reforma laboral y en el segundo se repone el impuesto a las Ganancias. Suficiente como para que el gremialismo en conjunto se ponga de nuevo en acción, un brío que llama más la atención por los cuatro años sabáticos que se tomaron durante el período de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Así, para evitar la sanción de dos normas que el Gobierno considera esenciales para su gestión, el sindicalismo apela a la presión en todas sus formas.

Las elementales, como reunirse con senadores para expresarles su rechazo. Las que no se sabe bien a quién benefician, como decretar un paro general. Y las que decididamente juegan a favor del oficialismo, como amenazar con escraches a los legisladores que voten a favor de las leyes. Podría pensarse que se trató de un exabrupto. “Vamos a explicarles a los pasajeros con quién están viajando cada vez que viaje un senador de estos, que está traicionando los mandatos populares”, dijo el secretario general desde hace 20 años de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el cristinista Edgardo Llano.

Pero lo más probable es que sólo haya expresado algo que considera correcto. Primero, porque no se arrepintió. Segundo, porque el escrache fue una práctica habitual del kirchnerismo mientras estuvo en el poder, ejercitada por el expresidente Kirchner y su viuda y por ello avalada para todos sus dirigentes.

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