Después de encontrarse en la lista de personas espiadas por el ex policía Ariel Zanchetta, el candidato presidencial Javier Milei y la dirigente Carolina Píparo solicitaron ante la Justicia ser querellantes en la causa en la que también están involucrados los camporistas Rodolfo Tailhade y el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.
“Me presento como querellante en la presente causa donde se investigan las responsabilidades penales por delitos de inteligencia ilegal contra mi persona entre otros”, asegura el texto presentado por los abogados de Milei que de esta forma tendrán acceso a la información de la causa.
“La verdad es irónico que justo los que se llenaron la boca hablando de democratizar y terminar con las cloacas de la democracia sean siempre los que más utilizan los servicios de inteligencia para espiar a los opositores y a los propios”, señaló Píparo en alusión al kirchnerismo.
En esa línea agregó: “Es necesario poner en discusión en serio el uso, rol y dirección que se le da a los servicios de inteligencia del Estado. Todos los países los tienen pero no en todos los países se hace este uso absolutamente discrecional y sin ningún propósito que no sea electoral”.
“¿Tenemos las fronteras que son un colador, bandas de secuestradores, asesinos, desarmaderos ilegales, circuitos de robos pero el Estado usa la inteligencia para saber que hago yo con mi vida? No van a encontrar nada, pero es una enorme vergüenza el uso que hacen de los recursos que son todos”, concluyó la candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza.
Protección legal y posibles penas
Ambos dirigentes son representados por los letrados Francisco Oneto -quien fue candidato a vice gobernador de Píparo-, Diego Spagnuolo y Roberto Rallin.
Según explicaron en diálogo con Clarín, no les pueden negar ser querellantes porque son particulares damnificados directos. No saben si ya se presentaron otros querellantes ni si les solicitarán la unificación de la personería, en ese caso.
El escrito lo presentaron ante el Juzgado Federal N° 8 y el juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene un plazo de 3 días para contestar. Como todavía no tuvieron acceso al expediente desconocen el alcance de las operaciones de espionaje contra su persona: si es que les pincharon el teléfono o recabaron información sobre, por ejemplo, su situación patrimonial.
Las presentaciones citan la ley Nacional de Inteligencia N° 25.520 y la declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 12 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o reputación” .
A su vez recuerdan que la violación de la ley citada prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.
Milei no se expresó demasiado sobre el tema aunque sí señaló que se trata de un “acto institucional grave y complicado”.
El listado incluido en el expediente de la causa instruida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita señala entre la lista de espiados también a Alberto Fernández, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, varios gobernadores del interior, Elisa Carrió y Florencio Randazzo entre otros.
A partir de un “allanamiento informático” al celular y otros dispositivos electrónicos del sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, se comprobó que no sólo tenía contactos con el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, el principal operador judicial de Cristina Kirchner, sino también con el ex presidente de Télam y subdirector de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.
