La media sanción de la ley Bases ayer en Diputados, a casi cinco meses de la asunción de Milei, envía señales que trascienden la pura funcionalidad, que no es menor, del proyecto. Al fin y al cabo, la suerte final se jugará en los próximos días en el Senado. Sí allí completa su recorrido, habrá cambios concretos en la vida de los argentinos. Pero para pensarlo hoy, se puede intentar la pregunta contrafáctica de qué habría pasado si otra vez fracasaba la iniciativa, tal como ocurrió en febrero.
No es complicado imaginar un escenario de crisis de cierta magnitud, con la gobernabilidad jaqueada por la impotencia de avanzar en la concreción legislativa de los proyectos, las dudas recorriendo como un escozor la política y la economía, y el presidente ejercitando el personaje de alto voltaje confrontativo que tan bien le sale. Por suerte eso no ocurrió. O, en verdad, no ocurrió por razones menos azarosas.
La primera es que el presidente fue capaz de no dinamitar lo que construyeron Guillermo Francos y parte de su gabinete. Ayer también estuvo en el Congreso Karina Milei, en otra demostración de su rol cada vez más visible en la administración. Más que la negociadora, la hermana del presidente se advierte como la garante de la palabra oficial. La que asegura que no habrá imprevistos ni una marcha atrás intempestiva.
Como si el presidente se animara a desdecir a cualquiera de sus funcionarios, menos a su hermana. Atípico, cuanto menos, pero posible. Cosas más raras se han visto en la historia argentina. Lo cierto es que el “Loco” Milei esta vez fue menos loco, lo que es una muy buena noticia. Un alivio colectivo. La certificación de que es capaz de “bajar un cambio” y adecuarse a la más clásica negociación política es un dato que se requería con urgencia.
La otra buena noticia es la formación de una mayoría en la que prevalece el sentido común, la racionalidad y el ánimo constructivo. En esa lista se distinguen los opositores dialoguistas Miguel Pichetto y De Loredo, y el “oficialista” Cristian Ritondo, a quienes el presidente agradeció especialmente. No son los únicos, pero fueron claves para rescatar al oficialismo de su debilidad parlamentaria e incluso guiarlo con cierta “expertise” a reunir los votos necesarios.
Encarnaron, además, una convicción imprescindible de aquí hacia adelante: el gobierno avanza con acuerdos o no avanza. Y esos acuerdos son posibles. Hay una idea de que la ley es apenas un retazo de la ley Omnibus original. Y se interpreta ese dato para desvalorizarla. En verdad, quizás la iniciativa inicial era una desmesura destinada al fracaso que finalmente ocurrió. El presidente tiene hoy luz verde para privatizar empresas del Estado, tiene también las facultades extraordinarias y la restitución del impuesto a las ganancias que ordena el paquete fiscal.
No es todo lo que quería, pero no es poco. Queda por delante plantear una reforma laboral más profunda. La original incluía unos 60 artículos, pero el Gobierno nacional aceptó reducirla a 16 y se eliminó el artículo que fijaba penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquean empresas. Festejó Pablo Moyano. Tampoco se incluyó la normativa que promovía la eliminación de la cuota sindical.
Pero sobre todo el Gobierno deberá explicar por qué sus legisladores votaron en contra de la inclusión del impuesto interno al tabaco, excepción que favoreció durante años al empresario y “señor Tabaco”, Pablo Otero. El artículo figuraba en el proyecto inicial y luego fue extrañamente retirado. Rescatado por el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, fue aprobado por 82 votos a favor, 77 en contra y nada menos que 69 abstenciones. Un punto oscuro imposible de disimular.
