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José Cano cuestiona el informe de Maley

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, cuestiona el informe del año 2020 presentado por el ministro de seguridad de la provincia

maley cano

El diputado de la oposición manifiesta que el ministro Maley, inicia el informe con la siguiente frase: “El Ministerio de Seguridad estuvo no muy comprometido no solo con la seguridad publica…” (sic)

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Destacan que tienen un plan estratégico de seguridad como por ejemplo el Programa Cuadrante de Patrullas conformado de 74 cuadriculas en el ámbito del Gran San Miguel, con patrullajes a pie, en motos y camionetas, afectándose un total de 1.210 efectivos, 154 bicicletas, 154 motos y 20 camionetas alineados junto al sistema 911.

De todo lo mencionado en la actualidad funcionan muy pocos “cuadrantes” en las distintas jurisdicciones de las periferias del Gran San Miguel, sin la cantidad de efectivos anunciados y la dotación de móviles referidos. Prueba de ello, la constante queja de vecinos y la alarmante suba en los índices delictuales. Actualmente el 911 solo funciona con 13 camionetas para las 14 jurisdicciones de toda la capital, es decir 42 menos de las que tenía el sistema a disposición cuando fue creado en el año 2013. En cuanto a la cantidad de motos, al mes de febrero de este año contaban con menos de 20 lo que representa un 50% menos a pesar del crecimiento poblacional y de la peor ola de inseguridad que sufre la provincia

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Claudio Maley, Ministro de Seguridad de Tucumán, tiene coronavirus

La mesa interministerial e institucional para el abordaje integral de la violencia y el delito.

Prometieron acciones conjuntas entre el gobierno y otras organizaciones para dar respuestas a los barrios más vulnerables sobre la violencia y el delito. A las claras esta que Tucumán pasó a ocupar el segundo puesto lamentable a nivel nacional en cantidad de femicidios y homicidios.

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En la actualización del sistema de emergencias 911, informan que entregarán 500 cámaras de videovigilancia al municipio de la capital y se prevé a un futuro la entrega a otros municipios.

Además de haber transcurrido el periodo 2020 y lo que va del presente año todavía no se hizo entrega de una sola cámara a ningún municipio. Cabe resaltar que dicho proyecto fue presentado por el Legislador José Ascarate.

Se llevaron a cabo distintos programas y acciones virtuales a través de distintas redes sociales en materia de “¿seguridad?”, a saber:

Ciclo de entrevistas voces Ciudadanas destinados para “EL DISFRUTE DE LA MUSICA” con un alcance 102.000 personas.

“Yoga en vivo” con la finalidad de “mejorar la convivencia pacífica” con un alcance de 25 asistentes por transmisión.

“Estrategias digitales para la prevención de las violencias” con un alcance promedio de 20.000 personas.

“Campañas digitales como herramientas de prevención comunitaria”: Seguridad Inteligente. Origami como herramienta de paz, videos musicales etc.

Programas virtuales destinados a la Tercera Edad, con estimulación cognitiva y física con una participación de 196 adultos mayores.

Programa colaboratorio digital COVID Y CONVIVENCIA donde la ciudadanía pudo reflexionar sobre la situación de la pandemia con una participación de 350 personas.

Así también, Informa que la Dirección de Atención al Ciudadano realizo durante todo el año 230 atenciones en total.

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Evidentemente o no funcionaba o los teléfonos estaban desconectados por el promedio de atenciones referidas.

Por último, resaltan la labor del personal policial y de tránsito abocado a los nuevos Controles de tránsito en distintas partes de la capital.

Acá hay que señalar la falta de criterio que aporta el propio ministerio en cuanto al dato de los controles de referencia ya que los mismos son cubiertos por personal policial recientemente incorporado a la fuerza y carecen de apoyo logístico como ser móviles policiales en caso de que algún automóvil emprenda una fuga o tenga que ser interceptado además de que tanto la municipalidad como la propia policía tienen personal especializado como ser la Policía de Seguridad Vial y la policía de tránsito.

En el presente informe, José Cano indica que, surge a las claras que realizan un diagnóstico de la situación en materia de seguridad como meros comentaristas, a pesar de los más de CINCO AÑOS de una nefasta gestión proponiendo programas que rozan con el ridículo, tales como las clases de Yoga, de Origami, de la tercera edad y prevención del COVID, que además de no estar relacionado con las problemáticas de seguridad, ya que bien podrían integrar los programas de otros ministerios específicos, no tuvieron aceptación en la comunidad, plasmado esto en la cantidad ínfima de participantes.

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En ninguna parte del informe se analiza la gravísima situación por la que atraviesa la provincia en materia de seguridad y mucho menos habla de articulación con otros organismos e instituciones nacionales para combatir los altos índices de delitos en toda su gama, motoarrebatos, escruches, venta de drogas al menudeo, portación ilegal de armas, control de puestos fronterizos, prevención de las adicciones, etc.

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Por otra parte, el informe de gestión concentra toda la información en capital y el Gran San Miguel, dejando afuera al resto de la provincia.

En materia de narcotráfico es de destacar la baja en un 30% del decomiso de cocaína con respecto al año 2019 y el informe evidencia la falta de proyectos en relación a la lucha contra el narcotráfico ni menciona la profundización de investigaciones relacionadas al narcomenudeo ni habla de articulación con las fuerzas federales con asiento en la provincia. En este punto cabe resaltar que la gran mayoría de decomiso de estupefacientes se logra a través de hechos “casuales” de allanamientos por otro tipo de delitos, cuyas investigaciones pasan a la órbita federal donde fenecen sin ser debidamente investigadas.

Se observa además poco interés por el bienestar del personal policial sobre los que tendrían que tener prioridad empezando por darles un lugar digno de trabajo, situación ya anunciada en reiteradas ocasiones y que nunca sucedió.  Durante el 2020 pasaron a planta permanente solo 307 efectivos policiales que estaban en situación irregular desde el año 2015, concluyó Cano.

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