El “efecto licuadora”, fenómeno que se explica por el impacto que la alta inflación tiene sobre el gasto, ha sido hasta ahora el principal aliado del Gobierno en el ajuste de las cuentas públicas. Si el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo exhibir superávits financieros en los dos primeros meses del año se lo debe, en gran medida, a la licuación de los ingresos de jubilados y empleados públicos y de las transferencias corrientes, entre ellas subsidios y programas sociales.
El sector que más contribuyó al ajuste del gasto fueron las jubilaciones y pensiones, ya que las prestaciones a la seguridad social, que concentran el 43% del gasto primario, tuvieron una caída en términos reales del 34,8% respecto del mismo bimestre del año pasado según consigna el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). El segundo puesto lo ocupan los subsidios energéticos, seguido por los gastos de capital y, en cuarto lugar, los programas sociales, según consigna la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El desfase entre la fórmula actual de movilidad –que combina la variación salarial y la recaudación de la Anses- y el alza inflacionaria de los primeros meses del año explican la feroz caída en los haberes de los jubilados y pensionados en este primer bimestre del año. El impacto fue mayor en los haberes superiores a la mínima (a los que el Gobierno no benefició con bonos): según la OPC, sufrieron una reducción real del 43,0% interanual. Menor fue la pérdida de los haberes mínimos (-27,8%), ya que el cobro del bono amortiguó el golpe.
El Gobierno anunció que a partir del mes próximo los ingresos jubilatorios serán actualizados con el índice de inflación, con un incremento adicional único -en abril- del 12,8% en compensación por lo perdido por la inflación de enero (que trepó al 20,6%). En la Cámara de Diputados la oposición insistirá en subir el porcentaje de compensación.
Subsidios energéticos y obra pública
La decisión del Gobierno de pisar las transferencias corrientes para financiar los subsidios a la energía también fue clave en la caída del gasto. Durante el primer bimestre la caída fue del 60,1% en términos reales respecto de igual período del año pasado, señala ASAP, lo que provocó que las distribuidoras eléctricas presentaran esquemas tarifarios con aumentos que varían según el nivel de consumo y la segmentación de los usuarios.
Tercero en el orden de aporte a la reducción del gasto, los gastos de capital también sufrieron una fuerte retracción en estos dos primeros meses del año. Según la OPC fue del 82,4% básicamente porque se redujeron a cero las transferencias de capital a empresas públicas: son los casos de Enarsa, AySA, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles y Arsat. También se paralizó el giro de recursos a las provincias para la realización de obras públicas como de inversiones directas en proyectos viales y equipamiento educativo.
En su informe, ASAP detalla cómo impactó en las provincias el cierre del grifo de fondos para obras públicas. Provincias que solían ser las más beneficiadas en el reparto durante los gobiernos kirchneristas ahora son las más castigadas por el recorte: La Rioja (-99,8%); Santa Cruz (-98,4%); Formosa (-96,6%); Misiones (-96,3%) y Santiago del Estero (-94%) pueden dar fe de ello, aunque en general todos los distritos experimentaron el rigor de la motosierra.
Promoción social, educación y salud
El ajuste en los programas sociales cobró como principal víctima el Potenciar Trabajo: de la mano de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Gobierno anunció la disolución tras denunciar irregularidades en la intermediación de movimientos sociales en la gestión de la asistencia. El reemplazo de este plan por otros dos programas – “Volver al Trabajo”, en el que se agrupará alrededor de un millón de personas, y el “Programa de Acompañamiento Social”, con 200.000 personas- vino de la mano de una fuerte caída presupuestaria, casi el 40% real interanual, explicado mayormente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones, señala la OPC.
La caída también alcanzó a las Becas Progresar (-32,0% a/a real); al programa Atención Médica a los beneficiarios de Pensiones no contributivas (-41,4% a/a real) y al Programa Acompañar (-64,8% a/a real), este último destinado a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.
A la hora de analizar la ejecución del presupuesto destinado a la promoción y la asistencia social, llama la atención la sub-ejecución de numerosas partidas, que ya están desactualizadas en términos nominales. Son los casos del Plan Nacional de Primera Infancia que, con 9200 millones de presupuesto, sólo se ejecutó el 2%. O el programa para la Integración para personas con Discapacidad (2,6% de ejecución).
Este freno puso en alerta a los responsables de Desarrollo Social de un amplio grupo de provincias –en su mayoría opositoras– que, en un documento, expresaron su preocupación por la situación social en sus distritos e insistir con su reclamo por la restitución de la asistencia social por parte de la Nación.
En Educación la sub-ejecución es también llamativa. La destinada a Infraestructura y Mantenimiento Escolar, por caso, apenas si ejecutó el 0,82% de sus casi $63,7 mil millones previstos para este año. El programa destinado al Fortalecimiento de Jardines de Infantes gastó el 0,99% de su partida. También el programa Conectar Igualdad padece el rigor del ajuste: solo se gastó el 5,34% de su presupuesto.
En el rubro Salud todas las partidas destinadas a mejorar la infraestructura están paralizadas, mientras que programas claves, como Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica y Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles presentan ejecuciones mínimas: 11,3% y 0,74%, respectivamente.
Si de ejecución del gasto se habla, tanto ASAP como la OPC señalan el fuerte ritmo en la ejecución del gasto que se observó durante el primer bimestre del año. Al último día de febrero alcanzó del 24%, siendo el valor más alto de la serie 2015-2024, señala ASAP. Esto se explica por el reducido monto del crédito total, ya que el presupuesto 2023 fue prorrogado y el Gobierno decidió no aumentar sus partidas.
De un total de 16 Jurisdicciones (9 ministerios más 7 jurisdicciones con la misma jerarquía presupuestaria), 5 de ellas ejecutaron su presupuesto en un porcentaje mayor al promedio: los servicios de la deuda pública (55,5%); el Poder Judicial y el Ministerio Público (con 29,9% de ejecución respectivamente); el Ministerio de Defensa (26%) y el Ministerio de Seguridad (25,8%). Por contrapartida, las más retrasadas en la ejecución de sus partidas son el Ministerio de Economía (8,2%); el Ministerio del Interior (8,5%).
Se descuenta que durante el segundo semestre el Gobierno se verá obligado a aumentar el gasto presupuestario para actualizar el monto de aquellas partidas que necesariamente están sujetas al ritmo inflacionario, como las prestaciones previsionales o las remuneraciones al sector público. En el Congreso la oposición espera que esa ampliación presupuestaria sea por ley, aunque todos los gobiernos anteriores –y difícilmente el de Milei sea la excepción- optaron por la vía expeditiva de un decreto de necesidad y urgencia.
