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Jueces federales y nacionales reclamaron al Gobierno que proteja a quienes investigan a los narcos en Rosario

Advirtieron que es necesaria una respuesta del Estado para evitar que el narcotráfico tenga influencia política y control territorial, como en otros países de la región

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Descacharreo

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que reúne a jueces federales y nacionales de todo el país, reclamó al gobierno nacional por las amenazas narco contra el fiscal provincial de Rosario Matías Edery y los ataques de carteles de la droga contra funcionarios judiciales y autoridades del Servicio Penitenciario. Dijo que es necesaria una respuesta del Estado para evitar que en la Argentina el narcotráfico tenga influencia política y control territorial, como ocurre en otros países de la región.

En un comunicado, la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle señaló su preocupación por las reiteradas amenazas y atentados contra magistrados federales y provinciales santafesinos -que vienen denunciando desde 2014- por sus investigaciones y juicios contra el crimen organizado.

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En la jefatura de la Unidad Regional II se decidió trabajar con portón cerrado, que haya empleados con chalecos antibala en la puerta y que se revise cada vehículo que ingrese al predio.

A la cadena de episodios amenazantes y violentos se suma otro hecho: anteayer, durante una requisa, cuando Luciano Cantero fue trasladado desde la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) a la Alcaidía de la Unidad Penal Nº11 de Piñero le secuestraron un smartphone. La sospecha es el joven de 19 años, hijo del asesinado histórico jefe de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, y que está acusado de un homicidio y de acopio de armas, obtuvo el teléfono en la Order o durante el traslado a la cárcel.

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El gobierno de Santa Fe dijo que le dará todas las garantías al fiscal Edery para que siga con el desempeño de su función en la Unidad de Criminalidad Organizada, que encabeza junto con Luis Schiappa Pietra. Estos dos investigadores tienen desde hace tiempo una fuerte custodia por el riesgo y las amenazas que enfrentan en su labor en el Ministerio Público de la Acusación.

El repudio a las amenazas fue generalizado en el ambiente político. El Colegio de Magistrados de Santa Fe pidió a las autoridades “extremar las medidas de seguridad” del fiscal Edery “a fin de seguir cumpliendo con sus obligaciones, como así también la formulación de la acción penal pertinente, para que dicho acto merezca la sanción que corresponda”.

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