Pese al paro de trabajadores judiciales que este martes mantiene casi vacíos lo tribunales, el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó de forma presencial con el último de los alegatos de las defensas a cargo del abogado Miguel Arce Ageo, quien representa a dos de los 13 acusados, los exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez. El defensor apoyó su estrategia en un argumento que choca con las afirmaciones de Cristina Kirchner: “ningún presidente de la Administración General de Vialidad Provincial manejó fondos nacionales, nunca”.
Con la finalización de este alegato -que concluirá el lunes 31 de octubre- se ingresará en la etapa de réplicas, si es que la fiscalía solicita realizarlas y luego la de últimas palabras para llegar al veredicto.
El abogado y sus defendidos acudieron al edificio de la avenida Comodoro Py, en Retiro, y permanecieron en la sala de audiencias frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Arce Ageo anticipó que pedirá la absolución de sus dos representados, y consideró que “el error más grave” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue que “confundieron los ámbitos de imputación” al “poner el perro delante de los caballos”, graficó. La fiscalía “hizo una construcción errónea” de las acusaciones en su “frondoso alegato”, comenzó Arce Ageo en la audiencia iniciada pasadas las 9.30.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), como supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública Para Santibañez, quien tuvo el mismo cargo, solicitó cuatro años de cárcel.
Pero en un giro que podría perjudicar la estrategia de Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, el doctor Arce Ageo afirmó que “ningún presidente de la AGVP manejó fondos nacionales, nunca”. Esa aseveración deja en manos de los funcionarios nacionales toda la responsabilidad sobre el trámite de las licitaciones que las empresas de Lázaro Báez ganaban a repetición, y también de los pagos al contratista K.
El abogado también consideró que los fiscales “no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista” que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional. “Es un error de praxis, tengo que primero acreditar que el delito objetivamente se cometió”, dijo.
En la primera jornada del alegato, Arce Ageo se centró en la situación de Villafañe y rechazó “de plano” la acusación en su contra, porque se trata de “conclusiones sólo emergentes de las mentes de Luciani y Mola” “En este juicio por continuar adelante con la realidad planteada, todos los roles fueron subvertidos y los fiscales asumieron el rol directo de peritos“, agregó al cuestionar la pericia que presentaron ingenieros sobre cinco de las 51 obras adjudicadas a Báez y que son centro de la acusación fiscal.
Para el abogado, que desconoció el trabajo técnico presentado ante el TOF 2, sin una pericia contable es “imposible condenar por administración fraudulenta”: “El concepto de defraudación piramidal está destruido. La pirámide de los fiscales está cortada porque la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz no tienen una relación jerárquica”, razonó. “Hay una relación contractual, son dos organismos autárquicos”.
Villafañe “nunca desvió fondos ni perjudicó el patrimonio estatal nacional”, porque como funcionario en Santa Cruz “manejó bienes provinciales”, subrayó el defensor, para quien “en su afán de acusar, los fiscales avanzaron creando un Frankenstein, una imputación monstruosa, insostenible”. Su razonamiento devuelve la responsabilidad y el manejo del presupuesto que terminaba en manos de Báez a los funcionarios que lo digitaban desde Buenos Aires, comenzando por Cristina Kirchner.
En el juicio se debate el supuesto direccionamiento en la adjudicación a empresas de Báez de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz, con presuntos sobreprecios y reiterados incumplimientos de esos contratos.
