La Unidad de Información Financiera (UIF) inició este lunes su alegato en el juicio donde la principal acusada es Cristina Kirchner, como presunta jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 de pesos millones al favorecer a Lázaro Báez con contratos viales. Al iniciar su exposición, el organismo oficial sostuvo que no tenía que ser parte del caso, “donde no se investiga lavado de dinero”. Acto seguido, pidió absolver a la vice respecto del delito de defraudación al Estado y rechazó que haya dirigido una asociación ilícita.
Con la presencia de Cristina, quien siguió los alegatos del organismo de su gobierno de manera virtual, el único juicio que tiene en desarrollo por presunta corrupción en la obra pública vial transita su etapa final. Se dio inicio a los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La primera en realizar la exposición en esta instancia fue la UIF, quie fijó postura a los pocos minutos de dar inicio a su alegato. “La UIF debió desistir como querellante en la presente causa porque no se investigan en esta causa delitos de lavado de activos“, señaló el abogado del organismo. Acto seguido, comenzó a analizar las imputaciones atribuidas a la vicepresidenta y a los otros quince imputados.
La vice está procesada y fue enviada a juicio oral acusada por los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en calidad de jefa. Para el abogado de la UIF, ninguna de esas acusaciones lograron corroborarse a lo largo de las más de 116 audiencias del juicio.
El expediente se centró en los 51 contratos públicos que recibió el Grupo Austral, equivalentes al 86% de las obras viales licitadas en Santa Cruz. El monto total que cobró el ex socio comercial de Cristina Kirchner por esos contratos fue de 46.000 millones de pesos. Según la acusación en este juicio, esas licitaciones fueron direccionadas para que las ganara Báez, y tuvieron sobreprecios promedio de 65%. El agravante, indica la imputación, es que la mitad de las rutas quedaron inconclusas.
Para el abogado de la UIF ninguna de esas hipótesis lograron corroborarse a lo largo del juicio. Durante gran parte de las dos horas que duró su alegato, trató de desestimar la pericia que por orden del TOF 2 se realizó sobre cinco casos testigo de las 51 licitaciones que recibió Lázaro Báez.
“El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido”, dijo la UIF sobre el informe pericial. Sin embargo, para los peritos oficiales existieron sobreprecios de 170 a 220 millones de dólares sólo en esos cinco contratos auditados. Para los especialistas, estos sobrecostos fortalecen la hipótesis de una posible defraudación. Pero para el organismo estatal, es “inexistente el ilícito”.
La UIF indicó que los peritos que convalidaron la existencia de sobreprecios y certificaron la falta de capacidad técnica de Báez para ganar tantas obras, al declarar expusieron “divergencias en la metodología y falta de sustento en las conclusiones a las que arribaron”, por lo que le resulta “muy difícil a esta querella llegar al grado de convencimiento necesario para sostener que existieron sobreprecios“.
Alejandro Irachet, el abogado del organismo antilavado que dirige Juan Carlos Otero “observó una insoslayable duda respecto a los valores de costo utilizados por el perito oficial para concluir la existencia de un sobreprecio en las obras cuestionadas” y que por ese motivo, “no se puede corroborar la existencia de la defraudación ni el perjuicio”.
Por ese motivo, entendió que “corresponde pedir la absolución” de Cristina y de todos los acusados respecto del delito de defraudación a la administración pública, ya que el informe pericial no logra “explicar válidamente ni fundamentar las conclusiones” que hablaban de sobreprecios, direccionamiento de los pliegos y falta de capacidad técnica por parte del Grupo Austral.
Al descartar el delito de defraudación y sostener que no existió ningún perjuicio para las arcas del Estado, la UIF avanzó también en la desestimación del delito de asociación ilícita. “No existieron sobreprecios”, lo cual “impiden avanzar en una acusación”.
En otras palabras, concluyeron: “Si no hubo sobreprecio, no hubo perjuicio y sin fraude no existe la asociación ilícita“. En la causa y a lo largo del debate oral “no encontramos prueba de la existencia de este acuerdo de voluntades que sustente la asociación ilícita”.
En este aspecto, indicaron que también debe pedirse la absolución respecto a dicho delito, del cual a Cristina Kirchner se la procesó con la mayor responsabilidad, es decir, como jefa de la asociación.
Al continuar con el alegato, la UIF indicó que “no se puede mantener una acusación tan seria en la que se representan intereses de la sociedad con conclusiones dudosas (por la asociación ilícita)”.
Otro de los delitos bajo discusión en el juicio oral refiere al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al analizar la responsabilidad de Cristina Kirchner, el abogado de UIF dijo que al haber “descartado la comisión de un perjuicio y la existencia de una asociación ilícita”, el resto se trata de “actos de gobierno que no pueden ser judicializados”.
Irachet analizó los decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner, partidas presupuestarias y la normativa vinculada a los contratos viales. Su conclusión fue que todos fueron “actos de gobierno de los cuales no se desprende ninguna violación a los deberes de funcionarios público por parte de Cristina Elisabet Fernández”.
Esa interpretación es la opuesta de la que tuvieron el fiscal y el juez de instrucción, y los integrantes de la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal que fueron confirmando la acusación de los investigadores. Según ellos, hubo una importante cantidad de resoluciones administrativas que se dirigieron a beneficiar a Báez; cobros anticipados por encima de lo estipulado por ley, licitaciones que Báez conoció de antemano y presupuestos modificados a sola firma, entre otras supuestas conductas ilícitas.
Sobre ese conjunto de irregularidades denunciadas, la UIF hizo una aclaración más: “Quedamos frente a una decisión política cuyo acierto o desacierto excede esta jurisdicción. No se deben judicializar los hechos de gobierno”.
Esta interpretación alcanzó a todos los ex funcionarios imputados: Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Abel Fatala. A todos les atribuyó haber realizado “actos de gobierno que no constituyen ningún ilícito penal”.
A la hora de referirse a Lázaro Báez -quien pasó de ser monotributista a empresario de la construcción después de mayo de 2003- la UIF dijo: “No tenemos mucho que agregar sobre este imputado ya que al haberse caído la hipótesis inicial, no puede ser parte de un delito que no se pudo comprobar”. Así pidieron también, su absolución.
