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Juicio contra Cristina: un ex AFIP habló de “sobreprecios” y confirmó la usina de facturas truchas que usaba Lázaro Báez

Jaime Mecikovsky apuntó contra la responsabilidad de la vicepresidenta en el reparto de obras públicas a favor del empresario K.

lázaro báez saliendo con la ex presidenta cristina kirchner del mausoleo de néstor kirchner
Lázaro Báez saliendo con la ex presidenta Cristina Kirchner del mausoleo de Néstor Kirchner. (Opi / Santa Cruz)

Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), en una nueva audiencia del juicio contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública, comenzó a declarar como testigo un ex funcionario de la AFIP, Jaime Mecikovsky, responsable de investigar al holding de Lázaro Báez favorecido -según la imputación-, con contratos de obra pública vial “plagados de irregularidades”.

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El testimonio del ex AFIP era esperado con preocupación desde el kirchnerismo porque podía complicar a la vicepresidenta. El funcionario, ante los jueces, habló de “sobreprecios” en la obra pública para el empresario K y dijo que “no hay otra manera contable de explicar” los fondos que recibía. Además, confirmó la utilización de una “usina de facturas apócrifas” para justificar los ingresos irregulares.

Mecikovsky, ex integrante de la AFIP, era responsable de fiscalizar los movimientos financieros de Austral Construcciones como de Gotti SA, firma que integra el holding de Báez.

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Fue el caso de las facturas truchas del caso Skanska, el primer escándalo de corrupción del gobierno kirchnerista, el que alertó sobre una serie de notificaciones sobre una empresa patagónica. Así, el fisco llegó a Gotti Hermanos cuya administración regional era Comodoro Rivadavia. Esa firma que terminó en manos de Lázaro Báez, era “receptora de una importante cantidad de facturas apócrifas”, dijo Mecikovsky.

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Gotti era una de las principales constructoras de Santa Cruz, hasta que ingresa a la misma como una suerte de interventor Báez. El recorrido comercial también lo clarificó el financista K, Ernesto Clarens como arrepentido en la causa de los Cuadernos. “Se creó Austral Construcciones como reaseguro de los negocios por si quebraba Gotti, pero Lázaro se la quedó y con eso mantuvo los ingresos de las certificaciones de obras”, dijo.

Clarens continuó explicando: “creíamos que la empresa estaba al borde de la quiebra, entonces se crea Austral como reaseguro para seguir operando, y con ella se cobraban los certificados de obra”. Fue el dueño de Gotti quien le dijo al financista “metelo al Negro (por Báez)”, según su indagatoria. Después, confesó que se “arrepintió” de dicha decisión. Era tarde: “Lázaro un día llegó y dijo que él se quería quedar con Austral, que no estaba operando”.

Así fue cómo el empresario K incluyó en su nómina de compañías a Gotti. Para entonces la AFIP ya la había investigado. Mecikovsky explicó que esta empresa tuvo catorce observaciones iniciales y que eso derivó en su fiscalización.

“El caso Gotti se inició como parte de una usina de facturación apócrifa”, señaló al inicio de su declaración testimonial. Fue receptora de una importante cantidad de facturas truchas, y al momento de graficar los montos de las mismas el ex integrante de la AFIP dijo que “en cifra total eran más de 500 millones de pesos, sólo en IVA había 100 millones de pesos”.

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Lo que sucedió después y que terminó de confirmar las sospechas de la AFIP, es que Gotti buscó ingresar a un plan de regularización fiscal que según la justicia “fue hecho a medida”.

Cuando explicó la usina de facturas apócrifas, Mecikovsky habló de sobreprecios. “Si se si facturaba de manera apócrifa era porque había un excedente de dinero. Un sobreprecio es pagar algo más de lo que vale. No hay otra forma contable de calificarlo”, indicó.

Sobre ese mismo punto que el dinero que ingresaba a la constructora Gotti “proveía de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”.

La utilización de facturas apócrifas es una de las acusaciones que recae sobre Austral Construcciones en el caso por lavado de dinero. Es considerado uno de los delitos precedentes de la ruta del Dinero K. El juez Sebastián Casanello sostuvo que en Bahía Blanca se montó una usina de facturación trucha utilizada por la firma insignia de Báez, por más de 55 millones de pesos.

Ante las preguntas del fiscal Sergio Mola, el ex funcionario del fisco dijo que el dinero volcado a las facturas apócrifas “provenía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”.

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Austral Construcciones también fue fiscalizada bajo estas sospechas, según contó ante el TOF 2 Jaime Mecikovsky. En este punto se explayó en otra explicación: estas empresas sólo recibían fondos provenientes del Estado en concepto de obra pública, no había otro dinero para volcar a esas maniobras de facturación apócrifa.

En el caso Vialidad, a la vicepresidenta se la envió a juicio como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al montar una estructura institucional, para favorecer a Báez, direccionando contratos viales hacia sus empresas.

La Justicia indicó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas donde es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.

FuenteClarín
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