En la semana que pasó para no volver jamás, quedó claro que los manotazos de ahogado de Alberto Fernández son lentos o apresurados, pero siempre extemporáneos. Son poco claros. Son imprecisos. Son contradictorios. No es porque no sepa. Es porque no se decide. Quiere conformar a todo el mundo. No se la termina de jugar ni por su compañera de fórmula ni por sus propias creencias como profesor de Derecho. Procrastina. Cree que puede hacerse invisible.
Y cuando lo presionan un poquito se tira de cabeza al agua (o lo empujan). Por eso puede, sin solución de continuidad, comunicar que va a incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, cumplirlo parcialmente y pedir el juicio político de su presidente. ¡Todo a la misma vez! Y por eso, porque no sabe jugar, es que Alberto Fernández se envalentona con el pedido de juicio político.
Aun cuando sabe de antemano que: (a) la conversación entre D’Alessandro y el asesor de Rosatti Silvio Robles, de probarse, nunca podría comprometer la responsabilidad penal o política del magistrado y mucho menos la de los otros tres miembros del tribunal; y lo que es mucho más importante (b) no le alcanzan los porotos para destituir ni al mayordomo que le trae el café de la mañana.
Un paréntesis sobre el segundo punto. Hay que tener tupé para ir al Congreso a pedir el juicio político de la Corte sabiendo que no tiene los votos cuando, por la otra ventana, lo viene diciendo a la sociedad (y en especial al movimiento de mujeres al que usufructúa lindo desde hace casi cuatro años) que no presenta una candidata para reemplazar a Elena Highton de Nolasco porque no le dan los números en el Congreso. Cerramos paréntesis.
Entonces, en la semana que se esfumó para nunca más retornar, cabe realizarse una serie de preguntas: si Alberto Fernández sabe que el pedido de juicio político está destinado al fracaso, si sabe que se va a ahogar, ¿Para qué? ¿Para hacer como que cumple con la Vicepresidenta? ¿Para fingir que ahora sí entendió que la Justicia no se va a auto-depurar y que está dispuesto a hacer algo?
¿Algo que sabe que no va a poder hacer? ¿Es como cuando los funcionarios de su Gobierno salieron a bancar aquella marcha del 1 de marzo de 2022 en la que se pedía la renuncia de los supremos? ¿Es como cuando sostuvo proyectos de ley para ampliar el tribunal? ¿Pan y circo para los propios? Hay que ver si a Cristina Kirchner le alcanza. Es un poco pretencioso pensar que se puede comer esa curva.
En definitiva, a esta altura de los acontecimientos quedó más que claro que lo que esperaba de Alberto ya no se lo dio. Está condenada por corrupta. Tarde, Alberto. Extemporáneo. La mesa de entradas del juzgado en el que atiende la Vicepresidenta ya cerró. Si Cristina pasa por la playa y advierte que los manotazos del presidente no son saludos, sigue de largo. O frena, pero para jugar un cabeza con los gobernadores.
Ahora, al ponerse al frente del juicio político, Alberto Fernández ofrece sus servicios otra vez a una clienta que ya no le cree. Se suma a la tesis del “vacío jurídico” que expuso la vicepresidenta (oh, curiosidad, una idea original de Eugenio Zaffaroni) y desata un conflicto constitucional de bajo vuelo, en el que puede todo menos ganar. Consigue, eso sí, retener centralidad en el año electoral
E ilusionarse al mismo tiempo con llenar el formulario que el kirchnerismo duro pone delante de quien quiera tener su apoyo para las presidenciales: hay que bancar la idea del golpe de Estado encubierto y explicar cómo el sistema judicial está amañado para sacar a Cristina Kirchner de la cancha. El problema para Alberto Fernández es que el kirchnerismo solo olvida por conveniencia.
Antes que, a él y a sus excusas, en La Cámpora y alrededores son más proclives a aceptar un candidato que ignora los tambores de guerra y habita en los salones del establishment, como Sergio Massa, si es que logra el módico milagro de atenuar la inflación. El peronismo también navega incómodo la impostura que vende el Gobierno sobre la Corte golpista. Solo un puñado de gobernadores se subieron a la batalla convencidos, en busca del aplauso de Cristina Kirchner.
El resto oscila entre sumarse en voz baja o escapar de un proceso que solo puede terminar en un enchastre de acusaciones surgidas de pinchaduras ilegales. Los principales sindicalistas de la CGT tampoco levantaron la voz, siguiendo el ejemplo de Massa, y en la Casa Rosada se desesperan por garantizar que no se retobe nadie de su exigua mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Al menos para sacar un dictamen acusatorio que permita desgastar por más tiempo a los jueces. De ese modo, el último año del mandato de Fernández empieza como un tributo a sí mismo. El presidente que se define como un “hombre de diálogo” y que vino a “acabar con la grieta” se despide a todo volumen con un rock&roll institucional destinado a dejar apenas el rastro perdurable de un ruido estéril.
Es gravísimo que el presidente de la Nación embista una y otra vez contra el máximo tribunal, porque al iniciar su mandato, en diciembre de 2019, juró, en los términos del art. 93 de la Ley Fundamental, “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, la que establece claramente la vigencia de un sistema republicano de gobierno, cuya principal característica es la independencia del Poder Judicial.
Pues más grave es aún que estas permanentes embestidas y perjurios provengan de un primer mandatario abogado y docente universitario, por cuanto reflejan una profunda ignorancia jurídica, inadmisible para su condición, o una premeditada estrategia destinada a desconocer postulados constitucionales relevantes. Hace mucho tiempo que el presidente de la Nación viene mal desempeñando su cargo.
Pero cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior supera el límite de tolerancia cívica que se le debe tener a un mandatario abogado, y por lo tanto están más que acreditados los requisitos para que se lo someta a un juicio político por mal desempeño, tal como lo prevé la Constitución nacional en su artículo 53. Por su parte, por los motivos expuestos, también está acreditada la causal de “deshonestidad intelectual”.
La cual está prevista en el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, para el desarrollo de un “juicio académico” contra el “profesor” presidente. Alberto Fernández pasará a la historia como uno de los más incompetentes primeros mandatarios constitucionales de la Argentina. Mientras tanto, faltando transcurrir aún el veinticinco por ciento del período presidencial para el cual fue elegido, la sociedad observa estupefacta y hastiada cómo el “profesor de Derecho Penal” conduce desconcertado los destinos del país y navega sin rumbo dentro de su propio laberinto.
Sin embargo, eso no quita que este nuevo intento de asalto a la Corte Suprema tenga que pasar desapercibido. Y es que se trata de una arremetida del presidente de la Nación, aparentemente apoyada nada menos que por un importante número de gobernadores de provincia, que desnuda una concepción autoritaria del poder y un desprecio liso y llano por la Constitución Nacional.
En ese marco, cabe mencionar que es una muestra del rechazo que parte de nuestra dirigencia política tiene contra la exigencia de un poder judicial independiente que, en muchos casos, está obligado a controlar y limitar sus decisiones. Son actitudes que parecen propias de señores feudales del medioevo monárquico y no de representantes del pueblo en una República moderna como la nuestra.
A pesar de que no puede prosperar, esta maniobra es una forma clara y desembozada de presión contra un poder independiente que tiene que resolver causas judiciales que interesan al gobierno actual. Es un abuso y, como tal, debe ser denunciado. El presidente de la Nación tiene que dar el ejemplo y, en lugar de comportarse como el rábula de una facción política, debe respetar escrupulosamente la Constitución como, seguramente, haría el profesor de derecho que pregona ser.
