SAN SALVADOR DE JUJUY.- El juez de Control en lo Penal y Delitos Rodolfo Fernández ordenó la liberación de las ocho personas que permanecían detenidas por los disturbios del martes pasado en el centro de la ciudad, pese a que el fiscal de la causa, Diego Funes, había solicitado que quedaran en prisión preventiva.
El fiscal Funes dijo a LA NACION: “Todos los detenidos son de Jujuy y tienen antecedentes. Uno de ellos -José Luciano Gareca-, una condena previa por robo con uso de arma blanca y otra condena por abuso sexual con penetración”. El plan del fiscal era que quedaran en prisión preventiva cuatro meses.
La hipótesis principal de los investigadores es que los hechos de violencia -como la irrupción a la Legislatura y el incendio de una sala de archivos y de automóviles- fueron premeditados. “Creemos que hay atrás una organización previa y una planificación delictual. Habría vinculación con Buenos Aires. Hay llamados de personas que estaban en Buenos Aires. Estamos investigando con quién se comunicaban”, afirmó Funes.
De las 55 personas que fueron detenidas el martes pasado en San Salvador de Jujuy, 46 fueron liberadas anoche. Entre ellos, Víctor Gustavo Emanuel Camara, el dueño de la mochila donde la policía encontró $31.000 pesos y 500 dólares en efectivo. Por lo que se puede observar en sus redes, participa de las protestas contra Morales desde el sábado pasado y sigue a Javier Milei. Si bien en un principio las autoridades habían informado que dos manifestantes tenían en sus mochilas 500.000 pesos cada uno, hoy el fiscal informó que él solo tiene verificado el hallazgo del dinero que tenía Camara.
Camara todavía no fue citado a indagatoria. “Veremos sus explicaciones y finalmente veremos qué encontramos en su celular, para ver el origen y el destino del dinero”, afirman desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy.
La Justicia aún mantiene secuestrados 40 celulares, que empezarán a abrirse cuando se obtenga la autorización para hacerlo. A su vez, se investiga la línea relacionada con los chats que se viralizaron el día de los hechos y que el gobernador Gerardo Morales compartió en sus redes, donde, en una conversación entre dos presuntos manifestantes, se daba a entender cada uno iba a cobrar $5000 por acudir a la protesta y que el dinero lo había traído “un diputado de Buenos Aires”.
Estos chats no pertenecen a los celulares secuestrados por la Policía pero, de todas formas, informan desde el MPA, su contenido está siendo investigado. “Se están investigando estas líneas y se está avanzando mucho. Ya tenemos los nombres de las personas que utilizaron esos números de teléfono. Y estamos verificando con quiénes se comunicaban. Todavía no tenemos elementos suficientes para acusarlos”, dicen.
Ayer, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, informó que la peritación de los celulares va a demorar. “Hay que analizar celular por celular. Los celulares son sumamente importantes porque de ahí van a surgir líneas de investigación. Es decir, si alguien ordenó desde otro lado si se comunicaron con alguien de Buenos Aires, si les pagaron. Eso lo va a hacer la fiscalía”, afirmó.
La hipótesis del Gobierno jujeño
Consultado ayer sobre el avance de la investigación, Corro dio sus propias impresiones: “Esto está organizado, esto está manipulado desde otro lugar y tiene que ver mucho con Milagro Sala. Ella todavía maneja muchos planes acá, en la provincia de Jujuy. Y todo tiene que ver con todo, en ese sentido: agrupaciones de izquierda, dirigentes de izquierda jujueños. Había remeras de Tupac, de la CCC entre los manifestantes. Que no quepa ninguna duda que esto está organizado y que se quiere, de alguna manera, trastocar el orden”.
Sobre lo sucedido el martes pasado en la capital de Jujuy, sumó que, además de los hechos que más trascendencia tomaron, como el ataque a la Legislatura, los manifestantes rompieron vidrios de algunos negocios y volcaron vehículos. La tarde tuvo, además, un saldo de más de 70 heridos, entre policías y manifestantes.
