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Juntos por el Cambio ahora propone elevar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales

El proyecto cuenta con el respaldo del libertario José Luis Espert y propone elevar de 6 a 10 millones el piso del tributo y eliminar las alícuotas diferenciales para los bienes radicados en el exterior.

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Patricia Bullrich

Encabezados por el diputado Luciano Laspina (Pro), legisladores de Juntos por el Cambio presentaron en las últimas horas un proyecto de ley que propone subir el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales más allá de la modificación aprobada por el Congreso a fines del año pasado. Se trata de un intento de lograr remediar el error cometido que el permitió al kirchnerismo aprobarlo.

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La iniciativa, que cuenta con el apoyo del diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), fija en $10 millones el mínimo no imponible del tributo –actualmente ese valor es de $6 millones-, al tiempo que eleva de $30 a $60 millones el valor mínimo para la casa habitación. Asimismo, el proyecto plantea una actualización de las escalas del artículo 25 de la ley del gravamen, en consonancia con el mínimo no imponible propuesto, sin incrementar las alícuotas vigentes.

Además, dispone la derogación de cualquier delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en el exterior. La iniciativa, que cuenta con la anuencia de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, también fue firmada por Cristian Ritondo, Martín Tetaz, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.

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“La idea del proyecto es dejar establecido el régimen a aplicar en el impuesto sobre los Bienes Personales. Lo votado en diciembre pasado fue en forma irregular. Por lo tanto, para dar seguridad jurídica y no afectar básicamente a la clase media, establecemos que este proyecto rija desde del 31 de diciembre de 2021 inclusive”, expresó la titular del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich.

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Los legisladores argumentaron que, con esta iniciativa, se pretende disminuir la presión tributaria sobre el patrimonio de los contribuyentes, en especial los de la clase media baja. Asimismo, aprovecharon para insistir en la necesidad de derogar cualquier delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en el exterior.

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