Ante el escándalo por las irregularidades que detectó la AFIP en el programa Potenciar Trabajo, diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclaman la presencia urgente en el Congreso de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, bajo cuya jurisdicción funciona este plan de empleo que ahora es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan.
Mientras la diputada Graciela Ocaña solicitó que Tolosa Paz dé las explicaciones correspondientes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, su colega de bancada Soledad Carrizo reclamó su interpelación en el recinto. En tanto, el diputado Waldo Wolff anticipó que presentaría una denuncia penal.
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El informe de la AFIP reveló que miles de beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. En efecto, allí se da cuenta que poco más de 253 mil beneficiarios declararon Bienes Personales y 35 mil realizaron compras de divisas extranjeras, dos incompatibilidades manifiestas con el programa que reciben 1.350.000 personas.
Asimismo, el informe da cuenta que 44.235 beneficiarios recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que 2800 titulares fallecidos que continuaban recibiendo la asistencia, entre otras irregularidades.
“Resulta incomprensible que haya un número tan elevado de personas que hayan accedido a este plan social de manera irregular, en momentos críticos para la sociedad argentina, en donde hay que cuidar celosamente los recursos del Estado”, señaló Ocaña en su pedido de citación a la ministra Tolosa Paz.
En la misma línea, la diputada Carrizo advirtió que el informe de la AFIP constituiría “un verdadero desfalco al erario público que debe ser subsanado inmediatamente”. “Se investigar cuales son los mecanismos por los cuales se permiten estás estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas”, insistió.
En tanto, el diputado Wolff anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia. “Nos presentamos con una denuncia penal. Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También (hay beneficiarios que) declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”, sostuvo.
“Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos”, advirtió, al tiempo que afirmó que intentará ser querellante en la causa. “Deben devolver el dinero, porque es defraudación y estafa”, enfatizó.
