La Justicia en Tucumán continúa atravesando sus horas más difíciles de los últimos tiempos, mientras la sombra del descrédito se vuelve cada vez más pantanoso y profundo. Sólo en un escenario como ese, se entiende que un juez que fue acusado de tráfico de influencias como es el caso del vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva, siga desempeñándose al frente del máximo tribunal como si nada hubiera pasado.
Sólo en un escenario como ese se puede concebir que su denunciante, el camarista Enrique Pedicone, vea su puesto correr el serio riesgo de perderlo, por haberse atrevido a denunciar a su superior, nada menos que por hacer supuestamente las veces de secretario privado de los máximos representantes del poder político local, es decir, Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. Pero lo peor del caso es que eso no es todo.
Resulta increíble e inadmisible que el propio Poder Judicial desestimara los audios que el camarista grabó en su conversación con el vocal de la Corte. Se trata de un poder del Estado que no está interesado más que proteger a los que mantienen a rajatabla la lealtad hacia los poderosos. Es como si se tratara de un pacto mafioso o una defensa corporativa que no busca más que eternizar la impunidad de los que incurren en malos actos.
Se trata de la misma Justicia que libera delincuentes sin importar que sean acosadores o asesinos, ni que vuelvan a incurrir en actos aberrantes, simplemente porque no pareciera importarles la gente. En ese sentido, tres ejemplos claros y contundentes, los constituyen los asesinatos de la empresaria Ana Dominé, la pequeña Abigail Riquel y la profesora Paola Tacacho. Estas tres mujeres estarían vivas si el sistema judicial hubiera funcionado.
Sin embargo, no fue así, al punto de que los casos anteriores, registraron además la muerte del asesino de Abigail y del femicida de la joven nacida en Salta. Esto demuestra que realmente es un desastre el sistema judicial en nuestra provincia, el cual no es intervenido sólo por el hecho de que el gobernador es socio político del presidente Alberto Fernández. Por lo que no es el sentido común lo que impera en este país.
También se trata del mismo Poder Judicial que mantiene cajoneado el inicio del juicio de un legislador como es el caso de Jorge Yapura Astorga, sin importarle que manche a la Cámara legislativa con su accionar. Esto se da también, a pesar de que fue el mismo máximo tribunal el que en su momento confirmó la elevación a juicio oral y público del ex intendente de Tafí del Valle, quien está acusado de haber cometido actos de corrupción.
Con todo esto, la Justicia no pareciera darse por enterada y sigue jugando al juego del “todo pasa”. Sólo queda en manos de la población hacerse sentir fuerte, para que los jueces y fiscales comprendan que sus puestos implican el servir al pueblo y no abusarse de la sociedad. Hasta que no tengan conciencia de lo que esto implica, será muy difícil que algo haga que la Justicia se convierta en un servicio.
