El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, echó y denunció penalmente a 18 integrantes de la Policía bonaerense que en los últimos días intentaron ejercer un reclamo de mejoras salariales. Los efectivos que cumplían funciones en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero también fueron denunciados penalmente, por el delito de sedición.
Sucede que constitucionalmente las fuerzas de seguridad no están facultadas para llevar adelante reclamos de índole salarial. En el caso de la Policía bonaerense, las mejoras en los salarios están atadas a la paritaria que alcanza a los trabajadores estatales. En este orden, la semana pasada, la administración de Axel Kicillof anunciaba el acuerdo con los gremios de la administración y docentes para los meses de febrero y marzo. Una suba del 9% -7% para febrero y 2% para marzo-.
“Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”, resaltaron voceros del ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso.
En el incremento salarial anunciado días atrás se detalló que la mejora“también se hace extensivo a la compensación por uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio”.
Los reclamos que se dan de parte de algunos integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense no son nuevos y suelen convocarse a través de redes sociales. “El mismo perfil de Facebook había convocado una movilización para el 6 de febrero y no pasó nada”, relativizaron cerca del ministro Alonso.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso
Desde esos perfiles circula un petitorio con 13 puntos que plantea que no haya sanciones para quiénes concurran a las convocatorias; un aumento del 100% del salario básico; mejoras en la prestación de IOMA y acuerdo con clínicas privadas o que el personal trabaje en un radio de 50 km de su domicilio, entre otros ítems.
El mayor pico de protesta se dio en plena pandemia, cuando en septiembre del 2020 fueron cerca de 1.200 los efectivos que se sumaron a la revuelta y llegaron, incluso, hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En ese momento, el ministro a cargo era Sergio Berni. Para desarticular esa situación, el entonces gobierno nacional había decidido crear el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, que luego se tradujo en una mejora salarial anunciada por Kicillof en una conferencia de prensa.
“Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, sostuvieron desde el ministerio de Seguridad provincial.
Porcentualmente, la última suba salarial que impacta sobre la Policía bonaerense es superior a lo dispuesto por el Gobierno nacional, que dispuso para los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad nacionales un 5% en los sueldos básicos y en sumas especiales.
El incremento resuelto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también alcanzó una equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal con el resto de las fuerzas nacionales. En el área que comanda Bullrich se detectaron “diferencias arbitrarias en los haberes de este personal”, lo que llevó a la decisión de aplicar ajustes para asegurar un trato igualitario.
