En diciembre, el IPC arrojó una tasa de inflación de 3,8% mensual, uno de los registros más elevados del año (sólo por detrás de las marcas de enero, marzo y abril que superaron el umbral del 4%). Por su parte, la inflación núcleo o core (que excluye los precios estacionales y los regulados) fue de 4,4%, la que anualizada arroja una variación del 68,1% anual.
Con estas cifras, se cumplieron 15 meses consecutivos con la inflación núcleo arriba del 3% mensual, con un promedio en el período de 3,8% mensual, mientras la tasa del IPC promedió 3,5% por mes gracias al efecto de los precios regulados (que a lo largo del año crecieron bien por debajo del resto, y acumularon un incremento de 37,7%, frente al 50,9% del nivel general y al 54,9% del nivel núcleo).
De modo que el dato de diciembre no hace más que confirmar una aceleración preocupante de la inflación core. No se puede pasar por alto que estas tasas se dan en el marco de acuerdos y congelamientos de precios que abarcan amplios capítulos del IPC. En consecuencia, bien podría concluirse que los datos ponen de manifiesto la total ineficacia de dichos acuerdos y congelamientos.
Pero, tal vez, deberíamos considerar la alternativa -bastante temeraria, por cierto- de que estaríamos en presencia de tasas de inflación mucho más altas si no mediaran dichos acuerdos y congelamientos. En tal sentido, no se puede perder de vista que los precios al consumidor no son la variable que muestra el mayor crecimiento nominal.
El primer lugar en el podio se lo lleva el gasto público, que en los últimos 6 meses creció siempre por encima de la inflación a un ritmo promedio (tomando el gasto corregido por los componentes excepcionales relacionados a la pandemia de Covid-19) del 80% anual. La persistencia o el sesgo inflacionario de la economía argentina le da la razón a una regularidad empírica.
La misma fue expuesta hace tiempo por Tomas Sargent –premio Nobel de Economía–, quien sostenía que la inflación del tipo que tiene la Argentina es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal. Con esto en mente, debería estar claro para todos que el Gobierno no puede seguir dándose el lujo de aumentar el gasto a una tasa que está 30 puntos por encima de la tasa de inflación.
Resulta imposible desinflar si no se empieza por reconocer que el gasto público crece a tasas totalmente incompatibles con una nominalidad bajo control. Tengamos en cuenta, que los precios regulados, los acordados y los congelados tendrán que ser eventualmente sincerados. Lo mismo podría suceder con el tipo de cambio.
Cuantos más precios se deban sincerar, mayor es la necesidad de contar con algún ancla creíble para evitar que esas correcciones gatillen mayores aumentos en el resto de los precios de la economía. Esa ancla creíble debería provenir de un programa fiscal y monetario consistente y sustentable. El cual, por el momento, luce por su ausencia.
