Acuatro días de las elecciones primarias, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó a la Justicia federal que desistió de su acusación en contra de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, al sostener que fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” por parte del gobierno de Mauricio Macri.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
La decisión de la AFIP también alcanzó y benefició al ex titular del organismo Ricardo Echegaray, quien afrontaba cargos por la presunta defraudación contra el Estado y en beneficio del Grupo Indalo, pero que a diferencia de López y De Sousa no fue detenido con prisión preventiva.
Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 3 continuará adelante con el juicio contra López, De Sousa y Echegaray, que se encuentra en la etapa de alegados, aunque resta definir si el fiscal Juan Patricio García Elorrio mantendrá los cargos contra los acusados.
Para López y De Sousa, la decisión de la AFIP conlleva un nuevo paso para la recuperación de sus empresas y la reivindicación pública, luego de que el gobierno de Alberto Fernández incluyó, en una moratoria, por primera vez, el impuesto a la transferencia a los combustibles y luego dio luz verde al avenimiento que le permitió a Oil Combustibles levantar su quiebra.
El escrito de desistimiento de la AFIP, que llevó la firma de la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, se suma a otro desistimiento que el organismo tributario adoptó en Bahía Blanca y benefició al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez. En ese caso, decidió no apelar su desprocesamiento como jefe de una presunta asociación ilícita fiscal.
Según informaron desde la AFIP, Marcó del Pont ordenó abrirse del juicio oral contra López, De Sousa y Echegaray basada en lo que calificó como “evidencia interna”, que incluyó auditorías y sumarios disciplinarios, como también “externa”, como denuncias administrativas y requerimientos judiciales, que darían cuenta de “graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”.
La decisión de la AFIP contrasta con la posición de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde tramitó el expediente del concurso, quiebra y ahora avenimiento de Oil Combustibles que definió el proceder de López y De Sousa como “ruinoso” y “fraudulento”, posición que en ese fuero compartió el organismo tributario.
Con los votos de Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, la Cámara en lo Comercial remarcó a fines de 2020 que López y De Sousa pretendieron esconder lo que realmente ocurría detrás de la contabilidad de Oil Combustibles, a la utilizaron para inyectarle recursos al resto del holding durante años.
Ese fallo de la Cámara trabó el intento de López y De Sousa por llegar a la Corte Suprema con la esperanza de que el máximo tribunal del país sostuviera que el colapso de Oil Combustibles ocurrió en 2016, por el accionar del gobierno de Cambiemos, en vez de en junio de 2011. Pero para los camaristas, esa interpretación era “capciosa y falaz”, mientras que para la AFIP fue “pueril”.
El planteo de López y De Sousa, afirmó la letrada del organismo tributario, Romina Zorrilla, “aparece cuanto menos pueril en orden a las circunstancias fácticas base del proceso”, para luego recordar que el abogado de Oil “pretende probar que la cesación de pagos tuvo lugar una semana antes de su solicitud de concursamiento”, en 2016.
En el escrito que presentó hoy en Comodoro Py, no obstante, la AFIP apuntó contra “ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri”, aunque no los identificó por sus nombres.
López y De Sousa, en tanto, ya denunciaron ante la Justicia a varios ex funcionarios del macrismo, incluyendo al entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, y un colaborador de Macri, Fabián Rodríguez Simón, quien pidió asilo en Uruguay mientras que la jueza federal María Servini lo declaró en rebeldía y pidió su detención a Interpol.
La presentación judicial de la AFIP, según trascendió desde el organismo, “constituye una decisión de responsabilidad institucional” de Marcó del Pont, “al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior”.
