La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió que el empresario Ángelo Calcaterra sea citado a indagatoria por el delito de evasión agravada detectado en la operación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La AFIP en su rol de querellante en la causa en la que se investiga el pago de coimas durante el kirchnerismo para la realización del soterramiento, pidió la indagatoria de los representantes legales y los integrantes del directorio de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, que conformaron el consorcio original de la obra que aún continúa en construcción.
La AFIP determinó que existen pruebas suficientes para señalar que las empresas involucradas en el soterramiento utilizaron un contrato simulado con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A (DSC) para sacar USD 4.495.250 de los balances.
Para el fiscal Franco Picardi, quien investiga el caso junto al juez Marcelo Martínez De Giorgi, es maniobra con la firma española DSC fue una forma de conseguir dinero que luego se destinó a coimas de los ex funcionarios argentinos del ministerio de Planificación que encabezaba el hoy detenido Julio De Vido. El dinero pasó por el principado de Andorra para luego llegar a Uruguay para finalmente pasar a manos de los ex funcionarios que fueron coimeados por el consorcio que encabeza la empresa que era de Calcaterra, primo del presidente Macri.
En abril pasado el juez Martínez De Giorgi había dictado la falta de mérito para Calcaterra y el resto de los empresarios. Lo hizo a la espera de información pendiente de llegada desde Brasil donde se investiga el Caso Lava Jato donde ex ejecutivos del empresa Odebrecht admitieron el pago de coimas en el soterramiento.
En su apelación a aquella la decisión de Martínez De Giorgi, Picardi había explicado la maniobra de la siguiente manera: “El contrato tuvo por objeto la prestación de servicios técnicos por parte de DSC a la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento para la elaboración de proyectos de ingeniería de detalle de las obras civiles, instalaciones y del sistema integral ferroviario, correspondientes a la etapa I, respecto del cual, a AFIP concluyó que habría sido ficticio y que habría servido para derivar fondos al exterior con fines espurios”.
La presentación de la AFIP se hizo en la causa del soterramiento en el capítulo en el que se investiga la evasión impositiva que se sospecha cometieron las empresas para poder obtener luego dinero para las coimas. La AFIP consideró que la maniobra realizada en los períodos fiscales de 2011 y 2012 constituye una evasión agravada.
En el pedido de indagatoria que hizo la AFIP-donde se advierte que la causa está por prescribir- se señala que el contrato analizado “no sólo resultaría apócrifo, sino que constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado”.
Detectaron varias irregularidades que “refuerzan la presunción de falsedad ideológica de los instrumentos aportados, máxime teniendo en cuenta la envergadura de las empresas involucradas en el consorcio investigado”.
La AFIP concluyó que “en consecuencia, y atento encontrarse verificados los elementos que permiten configurar un estado de sospecha suficiente y concordante con la hipótesis denunciada, es que esta parte querellante solicita la inmediata citación a indagatoria de los representantes legales e integrantes de los Directorios de las firmas Iecsa SA, Odebrecht SA y Ghella SA, por la evasión agravada en los términos del artículo 2 inciso d) de la Ley N° 24.769, ante el curso inminente de la prescripción de la acción penal”.
El juez Martínez De Giorgi, según explicaron fuentes judiciales a Infobae, envió el pedido de la AFIP a la Sala II de la Cámara Federal que estudia la apelación hecha por Picardi.
