Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
En la semana que se fue para nunca más volver, una vez más quedó claro que la inflación asfixia a los argentinos y alcanza el 83% interanual. En ese marco, es tristemente célebre nuestro país debido a que el alza de precios en la tercera economía latinoamericana está muy por encima del promedio regional, solo superado por Venezuela. Para colmo, estamos en presencia de un Estado bobo conducido por malandrines mediocres.
Y es que, si para muestra basta apenas un botón, cabe señalar que las prendas de vestir y de calzado, un sector protegido desde el Estado con restricciones a las importaciones, encabezaron la subida de precios. En septiembre se encarecieron un 10,6% respecto a agosto y en el último año han aumentado un 118%. Los alimentos, el sector que más preocupa al Gobierno por su incidencia en la población más pobre, volvieron a subir por encima del promedio del mes
Es decir, un 6,4%, y acumulan un alza interanual del 86,6%. Lo que está claro es que el Gobierno ha buscado acuerdos de precios con empresas alimenticias y supermercados como lo hicieron también sus predecesores, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Pero el caso es que la medida ha sido ineficaz para frenar los aumentos. Tampoco ha funcionado en Argentina la estrategia ortodoxa que aplican la mayoría de países para enfriar el IPC: aumentar las tasas de interés.
Las numerosas actualizaciones del Banco Central han elevado las tasas hasta el 75% nominal, pero siguen por detrás de la inflación. Los economistas advierten que este año podría romper la barrera de las tres cifras y superar el 100% por primera vez desde hace más de tres décadas. El aumento de precios gana también la carrera a los sueldos, en especial a los de los trabajadores de la economía informal, más desprotegidos.
Como si esto fuera poco, el 8,8% de la población argentina es indigente, es decir, sus ingresos son insuficientes para comprar ni siquiera alimentos y tienen que recurrir a comedores gratuitos para no pasar hambre o que sea lo menos posible. El 36,5% es pobre y no gana lo suficiente para comprar la canasta básica, que incluye comida, pero también abrigo y medicamentos, entre otros bienes de primera necesidad.
No en vano, la línea ascendente de la inflación ha ido a la inversa que la popularidad del presidente. La imagen positiva de Alberto Fernández ha caído por debajo del 8%, la cifra más baja desde que comenzó su mandato, en diciembre de 2019, y 60 puntos porcentuales menos que en su mejor momento, a mitad de 2020, cuando la preocupación por la salud en los primeros meses de la pandemia de covid-19 relegó temporalmente a la economía del podio.
La inflación ha recuperado el primer lugar este año en un contexto mundial marcado por la guerra de Ucrania y el aumento de precio de los combustibles. Aunque se prevé que la economía crezca alrededor de un 4%, la inflación hace que esa mejora no se sienta en la mayoría de bolsillos, cada vez más magros. La conflictividad social ha crecido en los últimos meses y se prevé que se intensifique hacia fin de año
Justamente, cuando entren en vigor los últimos aumentos aprobados en el transporte público y en las tarifas de luz, agua y electricidad. Lo que a todas luces debe quedar claro es el hecho de que el “modelo” que cerró el gobierno del Frente de Todos con el FMI es de alta inflación. Lo cierto es que la inflación es el mecanismo privilegiado del ajuste sobre el presupuesto y los ingresos de la clase trabajadora.
Así, en el Presupuesto 2023 los gastos primarios caerán en términos reales (-4,3%) por la reducción de subsidios energéticos y prestaciones sociales, las bajas más significativas corresponden a asignaciones familiares (-15,2%) y programas sociales (-4,5%), según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, el cuarto gobierno kirchnerista, claramente el más mediocre desde la vuelta de la democracia, no le encuentra el agujero al mate.
Y es que, en este contexto de elevada inflación, el poder de compra de los salarios está por detrás de los niveles de 2015. Según datos del Indec, el poder de compra de los trabajadores del sector privado registrado perdió un 22% en julio en relación octubre de 2015, en el sector público la merma fue del 27,6% en el mismo período. Mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores no registrados se desplomó un 34,8% en julio en relación a octubre de 2016.
Es decir, no se revirtió el ajuste macrista como prometió el Frente de Todos. Con esta foto de deterioro salarial y desigualdad el Gobierno analiza un plan de estabilización, congelar precios y salarios. Una medida que no es nueva, que actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas centrales de la inflación. Y que, en definitiva, no es más que un ajuste severo desnudando la mentira del relato kirchnerista pero que también habla de la falsedad del peronismo
Por ejemplo, el Pacto Social de 1973 de Perón y su ministro de economía Gelbard firmado por la CGT y la Confederación General Económica (CGE), la central empresarial, estableció el congelamiento de precios y salarial por dos años, y la eliminación de las negociaciones colectivas. Este acuerdo terminó explotando ante el ascenso obrero y jaqueado por la crisis económica y política.
¿Acaso espera que se repita el escenario el peor gobierno desde 1983?
