El caso contra la megabanda de asaltantes fue dirigido por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que conduce el fiscal Pedro León Gallo. El auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, fue el encargado de expresar los términos del convenio, que fue homologado por la jueza interviniente.
La acusación:
La banda liderada por Damián Díaz conformó un grupo organizado con el propósito de cometer, en forma permanente y sistemática, ilícitos consistentes en el apoderamiento ilegítimo, en forma violenta y mediante el uso de armas de fuego, de camionetas de alta gama; dinero con la que cuentan personas encargadas de recaudación o cobro de locales comerciales.
También operaron siguiendo camiones encargados de distribuir mercadería, logrando su interceptación, para luego de amedrentarlos con el uso de armas de fuego, desapoderarlos del dinero y mercadería, sustrayendo además objetos personales de las víctimas como ser notebooks, joyas, celulares y electrodomésticos; para todo lo cual contaban anticipadamente con información muy precisa respecto a las víctimas a abordar y donde cada uno cumplía un rol definido.
Su líder, Ruíz, diagramaba el día y los horarios para cometer los hechos, los puntos de reunión, vehículos o motocicletas a utilizar, mapas de rutas a seguir tanto en la ida como en la vuelta, distribuían las tareas que cada miembro cumpliría en el hecho y obtenía información.
Santana, por su parte, aportaba su experiencia en la conducción de vehículos y planes para ejecutar los hechos, como asimismo la tenencia y habilidad en el uso de armas de fuego, usando indumentarias para pasar desapercibidos (como ser ropas de grafa como las que usan los empleados de la construcción o deportiva) como asimismo elementos para reducir o inmovilizar a sus víctimas (precintos, cuerdas, cintas de embalar).
