El fiscal federal Carlos Brito pidió una serie de allanamientos que, de concretarse, hubiera marcado un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico en la provincia, pero el juez federal Daniel Bejas denegó la solicitud y ordenó acumular más pruebas, algo que hasta ahora no se pudo concretar.
Este es sólo uno de los datos que van surgiendo a medida que se conocen detalles de la investigación sobre tráfico de drogas que ubicó el epicentro de una gran operación de acopio y distribución en la sede del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa, ubicado en Italia y Manuel Alberti.
Del análisis del expediente judicial abierto en 2016 y paralizado desde el año pasado tras la negativa del juez Bejas, se desprende que la marihuana traída de corrientes y la cocaína que llegaba de Bolivia era repartida a una amplia red de clanes dedicados al narcomenudeo en varios puntos del Gran San Miguel de Tucumán.
Los barrios capitalinos “La Bombilla”, Olleros y su ampliación, Los Vázquez, Manantial Sur, Parque Sur, Amalia, Villa Muñecas, Victoria, Villa Alem, Elena White, ATE y Soberanía Nacional figuran junto con otros sectores de Las Talitas, Yerba Buena y El Manantial.
A todos ellos apuntó Brito con su pedido para concretar 57 allanamientos simultaneos, la detención de medio centenar de sospechosos, el secuestro de 20 autos y la convocatoria a especialistas en investigación financiera para analizar el patrimonio de los supuestos narcos.
En la pesquisa previa a la solicitud, aparecen nombres conocidos por su vinculación con otras investigaciones menores relacionadas con el mismo delito. Son líderes de clanes que habrían sido provistos de la droga que vendían por la banda que lideraban los tres empleados del Siprosa apuntados por la Justicia Federal.
Se cree que “Liro” Andrade, “Hombre Lobo” Cardozo y “Leke” Suárez utilizaban las ambulancias para repartir marihuana y cocaína que traían Corrientes y Bolivia y enfriaban en los depósitos de la repartición ubicada en la entrada al barrio Juan XXIII.
Los tres, como vecinos de la zona y haciendo uso del poder que detentaban como jefes narcos, se aseguraban de que tanto el ingreso de la droga al voleo por sobre los muros del predio como su salida en los vehículos oficiales, fuera un secreto casi inexpugnable.
