Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña apoyó la actuación del juez federal Ariel Lijo en el caso del Correo Argentino, donde está imputado el presidente Mauricio Macri.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia le pidieron al magistrado que determine si hubo una “quita abusiva” de la deuda, tal como estableció la fiscal Gabriela Boquín.
Además de Macri, en la causa también están imputados el ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa.
El ex fiscal Juan Pedro Zoni los imputó al considerar que “se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino”, que perteneció a la familia del Presidente a través de la empresa Socma (Sociedad Macri).
La defensa del Correo Argentino había apelado ante la Cámara Federal para que se cierre la causa penal, pero el juez Lijo rechazó luego esos planteos. De la misma manera se pronunciaron ahora los camaristas Irurzun y Bruglia.
“Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, argumentaron en el fallo.
A mediados de 2016, el Gobierno llegó a un acuerdo para que el Grupo Macri pague $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fines de ese año la fiscal Gabriela Boquín rechazó la propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
Según el cálculo de Boquín, serían superior a los $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033, consignó Clarín. Ese acuerdo cayó en febrero de 2017 y se inició una causa contra Macri, Aguad y Mocoroa.