La Cámpora comenzó el fin de semana el operativo de amedrentamiento más severo del que se haya tenido noticias contra el Poder Judicial. Está de por medio la continuidad del juicio contra la vicepresidenta por la presunción de favoritismo de la obra pública en beneficio del empresario K, Lázaro Báez. Tal acción cobró intensidad luego del fracaso de la estrategia de la defensa de Cristina.
Consistió en recusar al fiscal Diego Luciani y a los jueces Jorge Gorini y Ricardo Giménez Uriburu, miembros del Tribunal Oral Federal 2. Desde aquella solicitud y el posterior rechazo pasaron menos de doce horas. Demostración, a juicio de los expertos, de la ausencia de musculatura del planteo. Ese aspecto abrió un debate entre Cristina y sus abogados. El sábado una masiva concurrencia kirchnerista en Parque Centenario cuestionó la realización del juicio.
La movida no tuvo a La Cámpora como motor. De eso de encargaron el juez Juan Ramos Padilla y el médico Jorge Rachid. El primero habló de “jueces desbocados”. El asesor de Axel Kicillof en Buenos Aires aludió a una Corte Suprema “criminal y corrupta”. Todos coincidieron en que la vicepresidenta estaría siendo víctima de una persecución. A la par, La Cámpora hizo un despliegue llamativo y amenazante contra los magistrados que llevan adelante el juicio por la obra pública.
No dudaron en colocarle la rúbrica a cada cartel que rezó: “Jueces macristas. Con Cristina no se jode”. Hubo varios en barrios de la Ciudad. Otros, en el primer cordón del conurbano. Sucedió tras una semana en la cual el fiscal Luciani produjo dos novedades importantes. Ubicó a Cristina, dentro del esquema de su investigación, como figura principal de los hechos de corrupción. Incorporó incluso a Máximo.
Al reanudar la sesión ayer el funcionario judicial produjo otra nota: deslindó responsabilidades de los cinco jefes de gabinete que tuvo Cristina en los dos períodos. Entre ellos, paradójicamente, el hoy Presidente y el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Ambos declararon como testigos en el juicio. Sobre Alberto, el fiscal Luciani tuvo en consideración declaraciones de él, formuladas luego de su renuncia como jefe de Gabinete.
En ellas aseguró que, antes de irse, le había advertido a la entonces presidenta que se fijara qué ocurría en torno a la obra pública. En la misma línea de la semana pasada, Luciani describió que aquellos jefes de gabinete pasaron, pero la estructura supuestamente delictiva se conservó intacta durante todo el ciclo K. La conformaron, en especial, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Pero también el Secretario de Obras Públicas, José López. El hombre de los bolsos con millones. Luciani sostuvo que aquella estructura permanente fue la que posibilitó la discrecionalidad con los favores de la obra pública en favor del Báez. Sorteando, incluso, los controles que pudiera realizar el Congreso. En las próximas horas la defensa de Cristina apelará ante la Cámara de Casación el rechazo a las acusaciones.
