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La Cancillería lamentó que Colombia haya deportado a Juan Grabois

El Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, se refirió al incidente que protagonizó el dirigente social, que no pudo ingresar a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas. Entre los integrantes de la comitiva se encuentra Sergio Maldonado.

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Felipe Solá - Juan Grabois
Descacharreo

Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede Juan Grabois”. Con ese mensaje, publicado en las redes sociales por el canciller Felipe Solá, el gobierno argentino se refirió al incidente que protagonizó el dirigente social, que no pudo ingresar a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas.

El gobierno colombiano, a través de un comunicado de Migraciones, fundamentó la decisión de deportar al referente de la CTEP al señalar que agredió verbalmente a una oficial de Migración y presentaba irregularidades en su pasaporte.

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En la misma publicación, el funcionario recordó que Grabois integraba una misión internacional para auditar la situación social y política de Colombia en medio de las protestas. No es la primera vez que el gobierno argentino toma una postura con relación a la situación que atraviesa el país presidido por Iván Duque: el 6 de mayo, el propio Alberto Fernández reclamó que cese la “violencia institucional” y se resguarden “los derechos humanos”.

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Estos comentarios fueron rechazados por la canciller colombiana, Claudia Blum, que los calificó como “Una intromisión que alimenta la polarización”. “Desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, explicó en un comunicado.

El gobierno de Colombia explicó por qué le negó la entrada a Juan Grabois

Según la autoridad colombiana, el dirigente de la CTEP, que había arribado a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas, agredió verbalmente a una oficial de Migración y presentaba irregularidades en su pasaporte

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viajó a Colombia este martes 25 de mayo.

El referente de la CTEP Juan Grabois denunció ayer que le negaron el ingreso a Colombia, país al que había llegado como integrante de una misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derecho Humanos para auditar lo que está ocurriendo con las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril.

“Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡no tenemos miedo!”, publicó Grabois en sus redes sociales junto a un video.

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Ante la denuncia de Grabois, el gobierno colombiano, a través de la oficina de migraciones, explicó por qué no dejó ingresar al dirigente social. “El señor llegó al país con una delegación de 19 personas más. Al momento de realizar el proceso de control migratorio el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial a donde el Supervisor con el fin de realizar las consultas correspondientes”, explicó la entidad.

Desde Migraciones, además, señalaron que Grabois comenzó a agredir verbalmente a una oficial diciéndole que no tenía por qué acompañarla a ningún lado y a argumentar que tiene todo el derecho de entrar al país y que lo que se quiere es secuestrarlo.

“En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora, quien aparece en un video grabado por la delegación, y en donde de ve que el extranjero le dice que acaso quién es ella para decirle que no puede entrar a Colombia”, se explicó en un comunicado.

El incidente entre Grabois y las autoridades de Colombia no quedó ahí. Luego de la primer denuncia, el dirigente argentino afirmó: “Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un “riesgo para la Seguridad de Estado” (decreto 1727/2020)”.

Y agregó: “Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia ¡Fuerza!”.

El resto de la comitiva de la misión internacional pudo ingresar a Colombia. A través de un comunicado, explicaron que la tarea iniciará en la ciudad de Bogotá y se extenderá por otras localidades hasta el 2 de junio, “ante las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano a lo largo y ancho de su territorio desde el pasado 28 de abril, en el contexto del Paro Nacional que una plataforma de importantes organizaciones sociales ha decretado”.

Entre los integrantes de la comitiva se encuentra Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el joven de 28 años que murió tras un operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en 2017 y otras 17 personas que lograron entrar al país sin problema.

Por su parte, en la cuenta de la misión denunciaron: “Niegan el ingreso a Colombia de Juan Grabois y demoran a Isamel Jalil por asumir su defensa. Ambos integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos”, agregaron.

En el tuit, también cuentan sus objetivos en este viaje: “El relevamiento de situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional. – Elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional tal como prevé el Protocolo de Estambul suscripto por el propio estado Colombiano. -Contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región”.

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