En Balcarce 50 sostienen que están analizando pedirle la renuncia al exmiembro de la Corte durante el menemismo. Circula el nombre del exjuez en lo criminal de Buenos Aires Ricardo Rojas como posible sustituto.
La Casa Rosada quiere desplazar al procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, y ya tiene un reemplazante en la mira. El Ejecutivo critica al funcionario por un dictamen a favor del reclamo de una empleada que cobraba un incentivo salarial a través de ACARA y apunta contra sus viajes en el exterior. “Tenemos indicios de que vive afuera del país”, expresan en Nación.
En Balcarce 50 sostienen que están analizando pedirle la renuncia y ya circula el nombre del exjuez en lo criminal de Buenos Aires Ricardo Rojas como posible sustituto. “El presidente le tiene mucho aprecio y lo valora mucho”, expresó a TN un funcionario.
Barra fue convocado igualmente por el asesor presidencial Santiago Caputo para reunirse el lunes a las 19 en su despacho de la Casa Rosada. “No hay nada cerrado todavía, la decisión final la va a tomar el presidente. Es probable que se le pida la renuncia”, manifiestan en Nación.
Desde el entorno del actual procurador del Tesoro mantienen la postura de que los rumores son “operaciones” y aseguran que desconocen las acusaciones. Según pudo saber este medio, el titular evitará dar declaraciones hasta que se reúna con el Ejecutivo.
La Casa Rosada tomó el dictamen de Barra como una ofensa contra la gestión y asegura que desplazará a todos los funcionarios que no respondan “en línea con las ideas del presidente”. Es por eso que echaron al extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yaccobuci.
“La resolución de la procuración va en contra de nuestra política, que está enfocada en reducir el Estado y recortar áreas que generen gasto. Si no defiende la gestión, no puede seguir en el Ejecutivo”, expresan en Balcarce 50. Más de un funcionario sostiene que desde hace un año vienen teniendo diferencias con el procurador.
Rojas todavía no recibió una oferta del oficialismo, pero tiene una cercanía personal e ideológica con el presidente. Es el autor de “La inflación como delito”, el libro en el que el jefe de Estado se basó para impulsar un proyecto para penar a los funcionarios que habiliten la emisión monetaria junto con los legisladores que aprueben un Presupuesto con déficit.
Es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó entre 1986 y 1993 como secretario letrado de la Corte Suprema. Fue juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal nº 24 de la Capital Federal (2001-2006) y luego ofició como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 de la Capital Federal hasta 2011.
