El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli quedó a cargo de la investigación que tiene como imputado al presidente Alberto Fernández por haber roto la cuarentena con la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos de Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020.
La causa estaba acéfala desde la semana pasada, cuando el juez federal de Comodoro Py Sebastián Casanello se había declarado incompetente al considerar que quien debía investigar lo sucedido es un juzgado con competencia en el territorio donde se habría cometido el ilícito.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara Federal de San Martín designó este martes al juzgado de turno de San Isidro. Ahora, Mirabelli deberá revisar el expediente, resolver si considera que la investigación es de su competencia y ordenar las primeras medidas de pesquisa. A su vez, el magistrado podría excusarse de actuar en la causa al considerar que la investigación ya comenzó en los tribunales federales de Comodoro Py.
La otra posibilidad era que la causa hubiera ido al juzgado a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ya que la magistrada tiene una causa paralela por estos hechos. Se trata de una presentación que hizo el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, que dijo en declaraciones a radio Rivadavia: “Entiendo que lo ideal sería que la causa avance en San Isidro, sobre todo para evitar eventuales planteos como un posible planteo de incompetencia respecto de la denuncia anterior. Territorialmente sería lo correcto que siga en San Isidro”.
Previo al envío de esta causa a San Isidro, Casanello ya había derivado a la Justicia federal de esa jurisdicción la denuncia por la visita del jefe de Camioneros Hugo Moyano y su familia a Olivos en agosto del año pasado poco más de un mes después de la fiesta VIP, en un encuentro sin distanciamiento social ni uso de barbijos. Inicialmente la presentación quedó en manos del fiscal federal Carlos Rívolo, que consideró que no era competente y se la devolvió a Casanello, que la envió a San Isidro. La presentación recayó en Mirabelli, que la desestimó.
La investigación
En la causa se busca determinar si se incumplió con las medidas impuestas por el Presidente cuando implementó una cuarentena dura por coronavirus que prohibía las reuniones sociales, entre otras restricciones para evitar la transmisión de la enfermedad.
Se analiza si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 248 del Código Penal. El primero establece una pena de prisión de seis meses a dos años para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
El segundo reprime con hasta dos años de cárcel al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Además del Presidente están imputados por la fiesta clandestina en Olivos del 14 de julio de 2020 su pareja, la primera dama Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra, Florencia Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.
