Amas de una semana de que se conociera el pedido de juicio político del Gobierno contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los referentes de la CGT mantienen su silencio, sin sumarse a los apoyos que logró el oficialismo, de intendentes bonaerenses y de un grupo de gobernadores peronistas.
La postura contrasta con la posición de otros sindicalistas que expresaron su respaldo a la embestida contra el máximo tribunal y apoyaron la decisión del presidente Alberto Fernández.
La Casa Rosada logró que 11 gobernadores avalaran su avance contra la Corte Suprema, en una cruzada que con la conformación actual del Congreso de la Nación no tiene posibilidades de prosperar, pero que apunta a generar un desgaste en los magistrados.
El pedido de juicio para Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ingresará antes del fin de semana al Congreso para su tratamiento en comisión, según lo previsto en el Ejecutivo.
En el Gobierno evitaron definiciones sobre la postura de la CGT, encabezada por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. “Ellos no suelen meterse en esos temas”, fue una de las frases escuchadas.
“No se les pidió nada”, argumentó otro funcionario, al momento de justificar el silencio del sindicalismo tradicional.
Una tercera fuente de la Casa Rosada también apuntó a las peleas internas de la central sindical: “ellos también tienen sus diferencias, capaz no se pusieron de acuerdo”. Los jefes de la CGT tampoco firmaron la solicitada que se conoció este domingo bajo el título: “Democracia o mafia”, en el que sí se encolumnaron las firmas del diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, Roberto Baradel (Suteba) o Sonia Alesso (Ctera).
El sindicalismo tradicional apoyó a Alberto Fernández en la primera etapa de su gestión, en una suerte de contrapeso contra el kirchnerismo. Sin embargo, frente a los vaivenes presidenciales dentro de la interna del Frente de Todos, la CGT terminó por tomar distancia de la Casa Rosada y optar por una postura más equidistante.
El Gobierno tampoco logró la adhesión total de los gobernadores peronistas en su jugada.
Los intendentes bonaerenses que expresaron su apoyo a la embestida también debieron ser reclutados con dificultad. El primer pedido del gobernador Axel Kicillof consiguió una respuesta parcial. Luego debió intervenir el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, para reforzar la presión.
Finalmente firmaron todos los jefes comunales del PJ, menos el disidente Fernando Grey, de Esteban Echeverría, quien recordó que Kicillof también le retacea fondos coparticipables.
En la Casa Rosada preferían eludir la falta de apoyo de la CGT a la maniobra de Fernández contra la Corte Suprema, pero quienes respondieron argumentaron que nadie hizo gestiones para lograr la adhesión de los jefes gremiales.
También estaban quienes reconocían que, más allá de adhesiones o no, la “marca” de lo que está sucediendo con el pedido anunciado el 1° de enero por Fernández, “se la lleva toda él, ni el kirchnerismo duro va a correr con este costo y desgaste”, se sinceró un funcionario.
Entre el propio albertismo hay mucha desconfianza sobre el resultado final del juicio político a los miembros de la Corte Suprema y pone, una vez más, en evidencia la debilidad del oficialismo en el plano legislativo y también su escaso diálogo con la Corte desde su llegada al Poder.
El pedido anunciado por Fernández apunta en primer lugar a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, uno de los motivos que hicieron que haya más carga contra él, además de las filtraciones de chats que complican a su hombre de confianza, Silvio Robles. El Gobierno apunta luego a los otros tres miembros de la Corte por haber firmado el fallo que benefició al gobierno porteño en el marco de la quita de la coparticipación ocurrida en septiembre de 2020.
