Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
La semana que pasó comenzó con la exclusiva de parte de Tucumán Despierta acerca de la presentación del pasado lunes en la Fiscalía Regional nada menos que una denuncia penal en contra de la titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, quien resultó acusada de haber cometido una presunta violación de los deberes de funcionario público.
En ese sentido, tendría que tener lugar la correspondiente investigación jurisdiccional pertinente en el marco del artículo 25 del Código Procesal Penal de Tucumán, teniendo en cuenta que el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público se encuentra previsto y penado en el artículo 249 del Código Penal. Cabe destacar que conforme avance la necesaria investigación, la calificación legal podría modificarse a una más estricta.
Y es que la gravedad de la denuncia radica en el hecho de que la presidenta del máximo tribunal podría ser acusada del supuesto delito de “encubrimiento agravado”. Ahora bien, cabe aclarar que la razón por la cual esta denuncia ingresó en la Justicia se debe a que Claudia Sbdar, en su carácter de titular de la Corte, omitiría de forma maliciosa el ejercicio de las facultades de Superintendencia.
Las mismas, surgen del artículo 121 de la Constitución de Tucumán y artículo 13 incisos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a las actuaciones de Superintendencia número 5695/21 en la que se encuentran denunciados los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli, por sus inacciones deliberadas que demoran la posibilidad de un debate oral y público en la causa “Yapura Astorga Manuel Jorge y otros/ peculado y otros delitos”, expte. 2137/2017.
Ahora bien, a ciencia cierta, la denuncia con la que inició la semana, no debería sorprender a nadie teniendo en cuenta que Claudia Sbdar habría incurrido en omisiones maliciosas funcionales desde el pasado 26 de junio hasta la fecha inclusive, es decir, exactamente cuatro meses. Tiempo en el que no ejerció su autoridad máxima como presidenta del Tribunal Supremo provincial.
Y es que debió ordenar a los tres jueces antes mencionados que arbitren los medios necesarios con el fin de que se fije la fecha del debate oral y público para el juzgamiento del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga. En la denuncia, se dejó constancia de que el agravante de este hecho radica en que causas posteriores se hallan con fecha para su correspondiente debate oral y público prevista para comienzos del año que viene.
Al mismo tiempo, todo esto se exacerba considerando que el pasado 18 de octubre se remitió una carta documento a la presidenta de la Corte por medio de la cual se la intimó a ejercer sus facultades constitucionales. Sin embargo, continuó en una posición deliberadamente omisiva que perjudica de forma manifiesta el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva, algo que se magnifica a causa de que se trata de un proceso en el que se debatirán hechos de corrupción.
En ese sentido, el Dr. Gustavo Morales manifestó que “hay una complicidad de parte de la presidenta de la Corte, la Dra. Claudia Sbdar, en la relentización en la causa Yapura Astorga, porque ella, como titular de la Corte, debe ejercer las facultades de superintendencia para un adecuado, eficiente y transparente servicio de justicia, algo que no significa inmiscuirse en las causas penales”.
Agregó que se trata de “todo lo contrario, se trata de ordenar en el marco de sus competencias que los juicios sean rápidos”. En esa línea, el letrado mencionó que, así también el accionar de Fabián Fradejas, displicente, intencionado, se debe a su relación preferencial con el vocal de la Corte, Daniel Leiva”. Es por esta razón que el letrado opinó que “esto demuestra el vínculo que existe entre Daniel Leiva y Fabián Fradejas”.
Al mismo tiempo, aseguró que es por ello que este último está cebado, tanto más en una causa que podríamos denominar de corrupción, porque Jorge Manuel Yapura Astorga responde políticamente a Osvaldo jaldo y Daniel Leiva también responde políticamente al actual gobernador interino. Por lo que Gustavo Morales dijo que “en definitiva, Fradejas, Yapura Astorga y Daniel Leiva tienen un único jefe al que responden y ese es Osvaldo Jaldo”.
Y es que, mientras en Salta la justicia actúa en contra de un intendente en funciones, en Tucumán, la titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, mira para otro lado mientras la Sala III continúa sin definir fecha alguna para que tenga lugar el debate oral y público contra el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga. Esto da cuenta de una clara y explícita protección de la Corte para con este personaje.
A esta altura de los acontecimientos, la realidad es que en la sociedad tucumana reina la sensación de que la corrupción nunca se investigará y que tampoco recibirán castigo los corruptos a causa de que es el poder político de la provincia que los protege. Pero también es el espurio accionar de la Justicia provincial la que posibilitaría esto, convirtiendo al sistema en una especia de guarida de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Y es que mientras que hace poco más de 10 días dábamos cuenta desde este mismo medio acerca de que la Justicia salteña allanó a un intendente al que investiga por enriquecimiento ilícito y encontró autos de lujo y 200 millones de pesos acumulados, en moneda nacional y dólares, en Tucumán a Yapura Astorga se lo protege, incluso, junto a su entorno más cercano, cuyos integrantes se encuentran acusados de graves delitos.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Y es que tal parece que Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita, no parecieran ser delitos que conmuevan a los integrantes de la más que polémica y vergonzante Sala III Penal Conclusional.[/su_note]
Y es que, por ejemplo, resulta inexplicable que el juez Fradejas haya llegado al magisterio con tantos juicios cuando desde el año 1994, tiene juicios ejecutivos y tenerlos es ser un tramposo. esto significa que desde joven ya era tramposo. Ahora bien, cabe preguntarse, teniendo en cuenta que Fradejas antes fue secretario en la Fiscalía de Instrucción Única en Monteros, ¿Cómo es que la Corte Suprema lo ha nombrado?
¿Y es que acaso la Corte no sabe que tiene un juez tramposo que no paga las deudas? Todos los contralores institucionales han fallado con Fradejas que se entiende que se maneja con la lógica del tramposo y del encubridor. Entonces, es perentorio preguntar ¿Cómo puede pretender la sociedad que este juez actúe con corrección en el juicio contra Jorge Manuel Yapura Astorga y otros?
En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo? Al respecto, todo parecería indicar que la Justicia provincial estaría protegiendo a este procesado por corrupción por medio de su silencio e inacción. Y es que siempre es lo mismo con este Poder Judicial tucumano, parecería darle impunidad a esta casta de políticos procesados, en este caso, mediante la protección al legislador oficialista.
Por lo que la Justicia de Tucumán pareciera mirar hacia otro lado y dormir el sueño de los justos, cuando se trata de juzgar a políticos por delitos de corrupción, cuando no debería caber dilación ni postergación posible. Sin embargo, sucede que el juicio oral que deben enfrentar, se encuentra paralizado a pesar de que desde hace un año y dos meses que este debate público quedara firme.
A pesar de múltiples denuncias radicadas en la Corte Suprema, su máxima responsable, Claudia Sbdar, es cómplice por inacción. No en vano, la justicia es una de las instituciones que más descrédito ha ganado en la sociedad al tiempo que ha perdido la confianza de la gente. Esto no sorprende cuando en lo que hace a Tucumán, el Poder Judicial se ha convertido en cómplice de quienes cometen delitos.
En ese marco, lejos de juzgarlos, la Justicia provincial les estaría brindando inmunidad a determinados personajes de la política local, tal es el caso de Jorge Yapura Astorga. Sin embargo, la titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, no le pareciera comprender la gravedad de este hecho, el daño institucional que significa que hoy Yapura Astorga ocupe una banca en la legislatura representando al pueblo. Es por ello que cabe preguntarse:
¿Será justicia alguna vez en Tucumán?
